Presos políticos argentinos son víctimas de la “justicia”

Por: Luis Leonel León

MIAMI.- “La justicia federal argentina ha sido selectiva en su forma de actuar, pues mientras mantiene a presos políticos por más de cuarenta años, todavía no ha podido imputar y juzgar a los responsables de actos terroristas que han causado la muerte de cientos de personas”, dijo el Dr. Santiago Sinópoli en el 162 período de Sesiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que tuviera lugar en Buenos Aires entre el 22 y el 26 de Mayo, donde analizó la situación de miles de prisioneros políticos en ese país suramericano.

En su exposición, representando a la Unión del Personal Militar Asociación Civil (UPMAC), Sinópoli se refirió a la violación de los derechos humanos en perjuicio de militares, exintegrantes de fuerzas de seguridad, policiales y civiles, a quienes denominó como “víctimas”, imputadas por los llamados “delitos de lesa humanidad”, perpetrados en Argentina de 1970 a 1980, con motivo de lo que judicialmente fuera catalogado como una “guerra revolucionaria”.

En Argentina hay actualmente más de 3.000 presos políticos, a quienes, según varias organizaciones internacionales, no se les ha respetado el debido proceso legal, no se les ha concedido la presunción de inocencia y se les ha violado su derecho a defenderse. Sinópoli y otros abogados y defensores de los derechos humanos, han manifestado que a éstos condenados políticos no se les ha juzgado de manera imparcial y se ha presumido su culpabilidad como una cuestión de Estado. Incluso se ha denunciado que muchos de ellos, antes de ser apresados y procesados, ya estaban condenados por decisión política.

Acto sin imputar

Para demostrar la selectividad judicial que ha afectado a estos presos políticos, el letrado puso como ejemplo el ataque terrorista a la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA) de Buenos Aires el 18 de julio de 1994, el mayor atentado terrorista sufrido por judíos desde la Segunda Guerra Mundial, y uno de los más terribles sucesos ocurridos en Argentina, con un saldo de 85 muertos y más de 300 heridos. También citó los hechos del 17 de marzo de 1992 en la embajada de Israel en Buenos Aires, donde fallecieron 22 personas y 242 resultaron heridas. Los responsables de ambos actos no han sido imputados.

“Hablo de la misma justicia que aún no ha esclarecido la muerte violenta, el 19 de enero del 2015, del fiscal federal Natalio Alberto Nissman, que llevaba adelante las investigaciones del caso AMIA. Esa justifica, por el contrario, ha logrado imputar con una sorprendente facilidad, por hechos sucedidos hace más de cuarenta años, a casi 3.000 personas, agentes del Estado, de las cuales fueron condenadas 733. La mayoría no tiene condena firme, 806 se encuentran en prisión preventiva y 462 murieron mientras eran sometidos a tratos denigrantes”, indicó Sinópoli.

Según el doctor en ciencias jurídicas por la Facultad de derecho y ciencias políticas de la Universidad Católica Argentina (UCA), son más de 700 los casos en que hay exceso de prisión preventiva: una medida cautelar que obliga al imputado a ingresar en prisión, durante la investigación criminal y hasta la celebración del juicio, afectando su derecho de libertad personal durante un lapso más o menos prolongado.

Los críticos de la prisión preventiva, alegan que es contraria al principio del estado de inocencia, penando al acusado antes de demostrar su supuesta su culpabilidad, siendo además imposible de reparar los daños que se le cause si es declarado inocente. Ya sean años a su reputación, vida laboral o privada.

Intervención de la CIDH

El jurista ha pedido la pronta intervención de la CIDH en la difícil situación de los presos políticos de Argentina y advirtió que “aun cuando la libertad durante el proceso es la regla y siendo la prisión preventiva la excepción, el Estado mantiene en prisión a las víctimas por plazos superiores a los establecidos por la propia legislación y convenciones internacionales y bajo condiciones ultrajantes por su edad y estado de salud”.

Muchos de estos presos políticos tienen 65 o más años. Activistas de derechos humanos han denunciado que sólo cuando sufren enfermedades terminales son enviados a sus casas para que no mueran en las prisiones.

Excesos en la prisión

Según recordó el jurista, en enero de 2009 se intentó reparar la situación generada por excesos de prisión preventiva y varios jueces de casación dispusieron la libertad de un grupo de militares que habían excedido los términos legales establecidos por la ley sobre prisión preventiva.

Sinópoli citó las declaraciones de la entonces presidenta de la nación al conocer el resultado de la casación: “Hoy es un día de vergüenza para la Argentina, para la humanidad y para nuestro sistema judicial”, dijo Cristina Fernández de Kirchner, quien acerca de los jueces que actuaron en el caso dijo: “avergüenzan a los argentinos y a la humanidad”.

“Esta política de populismo penal llevada a su máxima ferocidad en el Gobierno de Cristina Fernández de Kirchner (2007-2016), en donde se montó una justicia retaliativa y no resocializadora o readaptativa, aún persiste, y prueba de ello es el ataque a jueces de Corte Suprema por el reciente fallo, que aplica a las víctimas el principio de ley penal más benigna y considera que es un derecho en los llamados juicios de lesa humanidad contar a los fines del cómputo de la pena cada día de prisión preventiva excedida en el término legal, como si fueran dos días en la prisión”, resaltó Sinópoli.

Un detalle trascendental, según el exmilitar, es que los delitos que se atribuyen a las víctimas “no estaban tipificados como tales al momento de cometerse los hechos que se les imputan. La justicia argentina jugando con pestilentes ficciones legales ha tirado por la borda el principio de irretroactividad de la ley penal, amparado por el derecho convencional y la Constitución Nacional”.

“Una justicia que actúa en forma parcial, con ánimo persecutorio, como una manera de tapar los excesos de prisión preventiva, subdivide la responsabilidad de los inculpados en varios juicios. Así las víctimas se encuentran en procesos que nunca terminan, y por la modalidad no pueden acceder al derecho a no ser sometidos a la prisión preventiva prevista en la legislación interna. Las víctimas están en una eterna prisión preventiva”, advirtió.

Lo expuesto por Sinópoli, en declaración de la UPMAC, sorprendió al auditorio, incluyendo a los miembros de la CIDH, quienes “aclararon que no iban a emitir opinión sobre temas de Argentina mientras estuvieran en el país”.

La UPMAC destacó el notable y sostenido esfuerzo de Sinópoli y su equipo de colaboradores, en distintas demandas hechas ante organismos internacionales como la ONU para que la problemática de los presos políticos de Argentina sea analizada, “en términos firmes y precisos, por quienes tienen por mandato la obligación de hacer cumplir los pactos internacionales como corresponde”.

Publicado por Diario las Américas el viernes 2 de junio, 2017

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