Poder judicial en Ecuador no es imparcial, según expertos

Esta distorsión de la justicia ha servido especialmente para silenciar la libertad de expresión a través del uso poco transparente de leyes antiterroristas como justificación para encarcelar disidentes o imponer una censura política tácita

WASHINGTON.- El uso del Poder Judicial para justificar violaciones de derechos humanos en Ecuador fue el tema de un foro realizado en el Capitolio de EEUU, para dar a conocer los resultados de un reciente estudio del InterAmerican Institute for Democracy, que identificó una peligrosa tendencia gubernamental de usurpar funciones de la justicia, para favorecer la agenda política de turno en ese país.

Esta distorsión de la justicia ha servido especialmente para silenciar la libertad de expresión a través del uso poco transparente de leyes antiterroristas como justificación para encarcelar disidentes o imponer una censura política tácita, sirviéndose de la manipulación en la interpretación de las normas.

“La ley de Comunicación adoptada por el presidente Rafael Correa, que entró en vigor en 2013, busca por ejemplo silenciar las críticas al Gobierno, en perjuicio de la libertad y pluralidad informativa a la que tienen derecho los ciudadanos”, señaló el profesor Bjorn Arc, del Inter-American Bar Association.

El experto resaltó cómo la práctica de dilatar los procesos judiciales, o bien la misma provisionalidad de los jueces encargados de impartir justicia, afecta la independencia e imparcialidad en los juicios.

Arc también cuestionó la dinámica profesional de algunas Organizaciones no Gubernamentales (ONG).

“Sabemos que las ONG tienen una fuerte presencia ante los mecanismos internacionales de Derechos Humanos pero a veces son víctima de sus propios enfoques temáticos que al final influyen en la selección de unos casos sobre otros, en detrimento de la igualdad que merecen todos los afectados”, dijo el jurista a DIARIO LAS AMÉRICAS.

Por su parte, el profesor Douglas Cassel, especialista en Derecho Internacional Humanitario, señaló que pareciera que el presidente Rafael Correa no conoce la importancia de lo que significa el sistema de pesos y contrapesos, así como la separación de poderes en su país, lo que convierte a Ecuador en una democracia superficial, que despierta la sospecha de ser un sistema autoritario, ejemplo en el que incluyó también a Venezuela.

Entre los presentes al evento se encontraba igualmente Francisco Endara Daza, víctima de persecución política, luego de haber sido acusado por el Gobierno ecuatoriano de sabotaje y terrorismo por omisión.

Su caso se remonta al 30 de septiembre de 2010, cuando se encontraba en las cercanías del canal gubernamental Ecuador TV, durante una protesta ciudadana que forzó su entrada de manera violenta al interior del medio público exigiendo al Gobierno de Correa libertad de información y expresión.

Según Endara Daza y sus representantes legales, él en ningún momento participó de la protesta y su asociación a los eventos se debe a una persecución política por haber estado en desacuerdo públicamente con el Gobierno.

“Yo desde el año 2007 he sido crítico al socialismo del siglo XXI y nunca he sido favorable a Correa, por eso se valió de ese evento para iniciar un juicio en mi contra”, dijo Endara.

Para Beatrice Rangel, del InterAmerican Institute for Democracy, el comportamiento de las instituciones en América Latina, de sucumbir ante gobiernos autoritarios, obedece a una tradición que se remonta a la época de la conquista española.

“Tradicionalmente las instituciones en América Latina fueron creadas por los españoles en la época de Felipe II para favorecer la extracción de riquezas de la región y no para crear su bienestar. Eso explica por qué nuestras instituciones no responden de la misma manera como en otras sociedades. A lo largo de nuestra historia, nuestra economía ha sido mercantilista y nuestro marco institucional ha sido corporativo. Es solo luego de la aparición de las clases medias en América Latina, durante el siglo XX, que esta mentalidad cambia cuando la sociedad empieza a luchar por sus derechos”, destacó Rangel.

El evento contó también con la presencia de los congresistas Julián Cast, por Texas, e Ileana Ros-Lehtinen, quien abonó en críticas hacia el Gobierno ecuatoriano por utilizar leyes difamatorias en contra de los medios de comunicación, los periodistas y otros miembros de la sociedad civil, valiéndose de la corrupción como caldo de cultivo para debilitar el sistema judicial.

“Es importante que todos trabajemos conjuntamente para llevar a la luz todas estas atrocidades cometidas en Ecuador porque hay muchos otros países que están utilizando el mismo guion de Rafael Correa”, dijo Ros-Lehtinen al referirse de igual manera a los casos de Venezuela, Nicaragua y particularmente Cuba.

Publicado por Diario las Américas el jeves 15 de septiembre, 2016

Poder judicial en Ecuador no es imparcial, según expertos