MIENTRAS EL PUEBLO DE VENEZUELA DESESPERADAMENTE PIDE AYUDA, LOS ESTADOS UNIDOS TIENEN OPCIONES

El hecho de que la mayoría de los países latinoamericanos se opongan a Venezuela, le da legitimidad a los Estados Unidos para llevar a cabo sanciones unilaterales contra ese país.

Venezuela está estallando a medida que sus instituciones políticas se desmoronan. El hambre y la desnutrición prevalecen como consecuencia de la escasez y afecta a miles de personas, incluidos los niños. Hay un nivel de desesperación que queda sin respuesta. Las fuerzas de seguridad del gobierno disparan a la gente sin piedad como lo fue recientemente con un joven de 22 años que acabo muerto participando en una protesta. Leopoldo López, líder de la oposición y preso político, se quejó de ser torturado en la cárcel. Setenta y seis personas han muerto a manos de las fuerzas gubernamentales desde que comenzaron las protestas.

La fiscal general del país, Luisa ortega, una ex partidaria de Chávez y Maduro, ha dicho que en Venezuela el poder judicial recibe órdenes directamente del servicio de inteligencia (SEBIN). Asimismo, criticó el proceso de reforma constitucional del presidente Nicolas Maduro como un intento de institucionalizar una dictadura. Ella ha sido despedida y amenazada por el gobierno con acciones punitivas.

Nuevamente es obvio que Maduro está decidido a mantener el poder. Si lo hace, es probable que el estado Venezolano se torne aún más una empresa criminal. A medida que disminuye la producción de petróleo debido a la mala administración, es probable que la cleptocracia venezolana pase a depender aún más de los ingresos del crimen transnacional, multiplicando así los problemas que la región enfrenta desde hace décadas.

La semana pasada el gobierno de Colombia extraditó a los Estados Unidos a un oficial militar venezolano, Yazensky Lamas, quien usó aviones pertenecientes a cárteles colombianos para transportar enormes cantidades de cocaína a Estados Unidos. Lamas realizó más de 100 vuelos desde suelo venezolano hacia Centroamérica y los Estados Unidos.

Por supuesto, este arresto es sólo la punta del iceberg en un país donde los políticos y altos oficiales de las fuerzas armadas están profundamente involucrados en el tráfico de drogas.

Pese a todo eso los esfuerzos de la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos (OEA) y su secretario general Luis Almagro para presionar al gobierno de Maduro culminaron en fiasco.

El tema central de la Asamblea General en los días 21 y 22 de junio en Cancún, México, fue Venezuela. Horas antes de que comenzara la cumbre, los países de la región pensaron que tendrían la mayoría de los 23 países necesarios por ley para aprobar una resolución sobre Venezuela. La nueva resolución redactada y dirigida por México ya contenía un compromiso de las resoluciones propuestas anteriormente. En esta última versión no se mencionó la demanda de liberar los presos políticos. Tampoco se rechazó vehementemente la autoritaria “reforma constitucional” de Maduro. En su lugar la resolución propuesta simplemente insta a Venezuela a reconsiderar la convocación de la asamblea constituyente. Asimismo, la resolución solicitaba el inicio de un diálogo entre el gobierno y la oposición. Esta demanda es inútil e irrelevante. Como hemos mencionado anteriormente Maduro nunca comprometerá su poder y me nos aun tratará el tema de convocar a elecciones. Aún si decide convocarlas no lo hará sin preparar un esquema fraudulento.

Mientras el Ministro de Relaciones Exteriores de México ya celebraba con anterioridad a la aprobación de esta humilde resolución, la delegación venezolana comenzó a presionar a otros países de la región para rechazarla. La delegación venezolana fue la más numerosa de todas. Venezuela aplicó su influencia sobre los países del Caribe, cuya deuda total con Venezuela asciende a más de 2 mil millones de dólares. Finalmente sólo seis países del Caribe votaron en apoyo de la resolución. Varios de ellos que prometieron apoyar la resolución acabaron absteniéndose debilitando aún más la coalición contra el régimen de Maduro.

Para añadir insulto a las lesiones, la canciller venezolana, Delcy Rodríguez, dijo burlonamente después de la votación de que habría un calendario de elecciones y esta sería el 30 de julio. La canciller se refirió al día de las elecciones para la asamblea constitucional destinada a fortalecer el régimen opresivo de Maduro.

El secretario de Estado norteamericano, Rex Tillerson, decidió a último momento no participar en la asamblea general de la OEA y en su lugar envió a su diputado, John Sullivan. Algunos de los países expresaron la opinión de que si Tillerson hubiera estado presente los resultados habrían sido diferentes. Obviamente, Tillerson no era consciente de cuánto los países de la región buscan el liderazgo de los Estados Unidos.

Sin embargo, no todo está perdido. La buena noticia es que a pesar de que la resolución de la OEA no aseguró la mayoría de 23 países requerida, al menos llegó a la mayoría. Como se mencionó anteriormente, la resolución habría sido inútil en la práctica. Por lo tanto, el no atarse a tal resolución podría ser incluso mejor.

El hecho de que la mayoría de los países latinoamericanos se opongan a Venezuela, le da legitimidad a los Estados Unidos para llevar a cabo sanciones unilaterales contra ese país. La política estadounidense de “liderar desde atrás” ha sido ineficaz. Una estrategia más fuerte es necesaria. Si los Estados Unidos quieren ser efectivos, deben imponer sanciones severas al liderazgo político y militar de Venezuela. Debería usar la Interpol para arrestar y deportar a cualquier venezolano involucrado en crímenes como sucedió con el Sr. Lamas. Deben congelarse los activos venezolanos en los Estados Unidos y no permitir que CITGO, la filial de PDVSA en los EE UU, continúe sus operaciones en el país.

Mientras que un embargo de petróleo podría aumentar el crimen patrocinado por el gobierno y los militares, los Estados Unidos deben dejar claro que el régimen pagará un alto precio por sus crímenes. Además, Estados Unidos debe implementar activamente acuerdos de extradición con países de la región, como lo ha hecho con Colombia. Asimismo, debe prohibir que las empresas estadounidenses hagan negocios con las instituciones venezolanas asociadas con el régimen. La reciente compra de bonos venezolanos por Goldman Sacks es un ultraje que representa la suavidad con que el gobierno de los Estados Unidos ha tratado a Venezuela.

Sin embargo, la Administración Trump tiene el poder conferido por el Congreso para aplicar sanciones como crea conveniente. Por lo tanto, debe imponer sanciones contra altos funcionarios venezolanos, incluyendo prohibiciones de viajar. Además, puede congelar activos vinculados al presidente venezolano Nicolás Maduro y sus altos funcionarios y puede prohibir las transacciones comerciales con organismos relacionados con Venezuela-gobierno.

Los Estados Unidos deberían fomentar la disidencia. Mientras más miembros del partido, militares y funcionarios del gobierno abandonen a Maduro, mejor. Tal vez algunos incentivos deben ofrecerse a aquellos que abandonen a Maduro.

La región está hambrienta de un verdadero liderazgo estadounidense. La Administración Trump tiene la legitimidad conferida en el Congreso de los EE UU e informalmente en la OEA , así como la obligación moral de hacerlo para la región y para la seguridad de los Estados Unidos.

Publicado por Center for Security Policy el jueves 29 de junio, 2017

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