LA ÚLTIMA VÍCTIMA DE LOS ATENTADOS DEL 11-M

Corría el año 2004, y más concretamente el 11 de marzo, cuando en Madrid se produjo una serie de atentados en el curso de los cuales perdieron la vida 193 personas y resultaron heridas 1858...

Corría el año 2004, y más concretamente el 11 de marzo, cuando en Madrid se produjo una serie de atentados en el curso de los cuales perdieron la vida 193 personas y resultaron heridas 1858.   Los atentados fueron aprovechados por la izquierda y los partidos nacionalistas para impulsar un bochornoso estado callejero – se llegaron a cercar las sedes del PP – que se tradujo un vuelvo electoral cuyo primer resultado fue la llegada a la presidencia del gobierno del socialista José Luis Rodríguez Zapatero. El nuevo presidente, conocido popularmente como ZP, de manera inmediata, puso en marcha un plan de pacto con la banda terrorista ETA y con los nacionalistas catalanes. Durante los meses siguientes, se empeñó además en un proyecto político que liquidaba la Transición y que excluía de la vida política de facto al PP. Pero ésa es otra historia. Volvamos a los atentados del 11-M.

De manera sorprendente, apenas a unas horas de la comisión de los atentados, los trenes en los que habían tenido lugar fueron desguazados perdiéndose así pruebas indispensables para el esclarecimiento del crimen. Por si todo lo anterior fuera poco, en un tiempo record, los partidos políticos, incluido el más que perjudicado PP dirigido por un Mariano Rajoy derrotado electoralmente por ZP, se apresuraron a aferrarse a una versión oficial cuya falta de base fue descubriéndose una y otra vez al comprobarse que algunas de las supuestas pruebas eran burdos montajes y que su relato no se sostenía.

Tras una instrucción en la que no faltaron las irregularidades, las sucesivas sentencias – tanto en la Audiencia nacional como en el Tribunal Supremo – no lograron establecer la autoría intelectual de los atentados y condenaron a un número reducido de personas sobre cuya responsabilidad en los hechos existen dudas considerables. De hecho, hace unos meses un documental francés presentaba al supuesto culpable de los atentados como un nuevo Dreyfus, chivo expiatorio de las culpas de otros. Con posterioridad, para amarga desolación de las familias de las víctimas y de aquellas víctimas que habían sobrevivido, Eduardo Dulce, el fiscal general del estado designado por el gobierno de Rajoy, dio carpetazo definitivo a la investigación de los atentados. A día de hoy, no existe esperanza razonable de que se vuelva a abrir la causa ni de que se haga justicia a las víctimas. Y es que, digan lo que digan algunos, esa versión oficial de los atentados del 11-M no es aceptada por la mayoría de los que los sufrieron. Relato todo esto -y el lector disculpará el prolongado prólogo – por una noticia de la que he tenido noticia esta semana. Una vez más he de suplicar su paciencia para ponerlo en antecedentes.

Cuando concluía la primera década del siglo XXI, el Juzgado n. 43 de Madrid cuyo titular era la juez Coro Cillán investigó la destrucción de pruebas relacionadas con los atentados del 11-M presuntamente perpetrada por Sánchez Manzano, jefe de los Tedax. Supuestamente, tirando del hilo de un agente del orden que habría eliminado pruebas se podría sacar el ovillo de quiénes, verdaderamente, habían perpetrado los atentados. Sin embargo, la labor de la juez Coro Cillán comenzó a chocar con obstáculos quizá no inesperados, pero sí indignantes.

En el año 2011, personajes nunca identificados asaltaron el domicilio de la juez, lo quemaran y le robaron documentación. Apenas dos meses después, la fiscalía general de Madrid inició en el seno del Consejo General del Poder Judicial una investigación contra Coro Cillán. La investigación – como mínimo llamativa – concluyó con la expulsión de Coro Cillán de la carrera judicial alegando su papel en el cierre de una discoteca llamada Moma. Supuestamente, la juez nunca habría debido cerrar el citado local y semejante acto sólo podía ser zanjado privándole de la toga.

En apenas unos meses, Coro Cillán, cercana a la edad de jubilación, se encontró sin casa, en la más completa soledad y con la pensión embargada. Reducida a la miseria por los mismos compañeros de profesión que debían haberla amparado, la juez Coro Cillán se vio obligada ya hace tiempo a dormir en la calle y, más concretamente, en el interior del intercambiador madrileño de Plaza de Castilla. Como si se tratara del tema de un relato triste de Chéjov, el lugar donde pasaba la noche se encontraba al lado del juzgado que dirigió durante cinco años como magistrada. El frío del último invierno lo combatió Coro Cillán gracias a los cafés que le preparaba un haitiano que regenta un puesto en la estación. Pero ahí no acabaron las tribulaciones de la juez. Coro Cillán llegó incluso a ser internada por los Servicios Sociales, pero logró salir de esa situación gracias a un amigo abogado. Con posterioridad, la antigua juez sería internada en un hospital por unas complicaciones tras sufrir una caída. La antigua juez había perdido a esas alturas mucho peso y presentaba desnutrición en el momento de su ingreso. Ésa es la situación a día de hoy.

Reflexione por unos instantes el lector en estos hechos. La investigación de los atentados del 11-M constituye uno de los casos de inhumanidad más pavorosos de la ya de por si pavorosa Historia de España. A las pocas horas de perpetrarse, los trenes que eran prueba fundamental fueron desguazados sin procederse a su análisis. Después se elaboró una versión oficial no sólo endeble sino sustentada en pruebas que se han demostrado falsas. En paralelo, los partidos políticos, incluido el PP, prefirieron que el 11-M cayera en el olvido evitando impulsar las investigaciones para su esclarecimiento. Por último, siendo presidente de gobierno Mariano Rajoy, el fiscal general del estado designado por él cerró de manera definitiva el caso.

En paralelo, solamente aquí y allá aparecían algunas personas que pretendían continuar con la investigación en los medios o en los tribunales. Casi todas ellas pagaron un costo no pequeño por hacerlo. En algunos casos, se sentaron en el banquillo tras querellas interpuestas contra ellos por políticos o jefes de policía. Aunque, en general, lograron ser absueltos no es menos cierto que el llegar a ese resultado les ha costado años, sufrimientos y gastos. Pero, posiblemente, la persona que ha pagado un tributo más elevado por ese intento de esclarecer la verdad haya sido la juez Coro Cillán, la última que desde su juzgado intentó mostrar cómo una alta autoridad policial había falsificado pruebas relacionadas con los atentados.

Coro Cillán no sólo sufrió el entorpecimiento de su labor sino que se vio expulsada de la carrera judicial por razones más que discutibles para, poco después, verse reducida a la miseria y a dormir en sitios públicos al haber perdido su vivienda y tener su pensión bloqueada. Tras perder mucho peso y ser ingresada hospitalariamente, tras padecer desnutrición y no contar con abrigo, es posible, lamentablemente, que Coro Cillán esté en el tramo final de una existencia al servicio de la ley, servicio que incluyó el intento infructuoso de aclarar el mayor atentado de la Historia de España.

Pero el tristísimo caso de la juez es sólo un síntoma más de las graves dolencias morales de una sociedad profundamente enferma sobre la que reflexioné desde esta misma tribuna en mi serie sobre lo podrido que existía en España.

Lamentablemente, se trata de una sociedad que se dejó manipular    mayoritariamente por los atentados del 11-M llevando a ZP a la presidencia del gobierno y que, desde entonces, volvió a unir a la izquierda con unas acciones callejeras que explican el nacimiento y el auge de Podemos.

Lamentablemente, se trata de una sociedad que mayoritariamente ha decidido olvidar los atentados del 11-M y que, mayoritariamente también, ha respaldado en las urnas al político que designó al fiscal general que cerró de manera definitiva la causa del 11-M.

Lamentablemente, se trata de una sociedad que también mayoritariamente da muestras de ingratitud tan escalofriantes como las que rodean los últimos años de la jueza Coro Cillán.

Es posible que a la jueza Coro Cillán le quede poco de vida, pero resulta obligado preguntarse si para ella abandonar este mundo no será un destino más que dulce que el de vivir en medio de una sociedad que mayoritariamente olvida a las víctimas del terrorismo, que mayoritariamente no quiere saber la verdad y que mayoritariamente es ingrata hasta la saciedad con aquellos que, verdaderamente, han intentado hacerle el bien mostrándole la verdad.

Medite en todo ello el lector y quizá comprenderá con más facilidad la crisis por la que atraviesa actualmente el sistema español surgido durante la Transición.