La constituyente chilena y el péndulo de la historia.

Ricardo Israel

El 7 de julio Chile dio inicio a las sesiones de la Convención Constitucional, pero solo el 18 de octubre comenzaron las discusiones del contenido, después de resolver temas administrativos y reglamentarios. A partir de julio, los 155 constituyentes disponen de hasta un año para entregar su propuesta de nueva constitución a la aprobación o rechazo de un plebiscito.

Este proceso fue el resultado de un acuerdo político, consecuencia del estallido que puso en serios aprietos al gobierno, y probablemente para permanecer en el cargo, Sebastián Piñera entregó algo que no le había sido solicitado como la redacción de una nueva carta magna. En condiciones de baja participación, los electos fueron un terremoto político, ya que marcaron una derrota total de quienes habían conducido al país desde el retorno a la democracia, tanto la derecha gobernante como por más años la Concertación, de la izquierda socialdemócrata y el centro socialcristiano. Los triunfadores fueron la izquierda dura, el Partido Comunista y nuevos grupos organizados a partir de las protestas callejeras. En otras palabras, existe una clara mayoría a favor de cambios muy radicales y contrarios a la estrategia de desarrollo de las últimas tres décadas, a favor de una “refundación” del país.

Las críticas han ido desde el apetito por mayores recursos y privilegios hasta que muchos de los constituyentes no entienden que su cometido es importantísimo pero limitado, desde el momento que tienen autonomía pero no soberanía. Tampoco son un nuevo poder del estado ni reemplazan a los tres clásicos, además deben respetar el carácter democrático y republicano del país como también los tratados internacionales, lo que explica porque son “Convención” y no “Asamblea”.

Su funcionamiento coincide con las elecciones generales de presidente y Congreso el 21 de noviembre, pero la importancia de estas palidece ante las atribuciones de la Convención, ya que esta puede modificar las instituciones políticas del país y convocar a nuevas elecciones.

En el extranjero surgen la pregunta de qué les pasó a los chilenos, ya que la palabra que mejor define lo que ocurre y lo que viene es incertidumbre. La respuesta no es fácil, desde el momento que en Chile tampoco existe claridad acerca de la paradoja de un país donde predomina la narrativa sobre los datos, aquel relato que “en nada se avanzó” contra la masiva evidencia de hechos comprobados de progresos, pero que no son sentidos como tales por variados sectores de la población.

La verdad es que existe una antigua regla de oro en democracia, y siempre deben respetarse los resultados de los procesos electorales cuando son legítimos, pero también los países deben responsabilizarse por las decisiones de sus electores.

Es en ese sentido, que a mi juicio, lo más peligroso que le está pasando a Chile es la aceptación de la violencia como elemento de generación del cambio, y esa legitimación es el verdadero elefante en la cristalería cuya magnitud todavía no se percibe, toda vez que lo que en el pasado reciente, al país le tomó una generación, hasta la década del 90, para deshacerse de la presencia de la violencia que se inició en la década del 60 y que adquirió toda su expresión en la violación de los derechos humanos después del golpe de estado de 1973.

La violencia es siempre un problema grave para toda democracia, ya que su característica fundamental es la resolución pacífica del conflicto, y en el pasado de Chile las constituciones fueron el resultado de la imposición de un sector sobre otro, y sería terriblemente negativo que se desperdiciara esta oportunidad de lograr un acuerdo nacional. Otras constituciones se legitimaron por el transcurso del tiempo, lo que no pudo superar la actual, debido a su origen en Pinochet, a pesar de haber sido las más reformada de la historia.

Después del plebiscito de 1988, aún mas separaba a los chilenos de aquel entonces, ya que un sector no quería la democracia y el otro no quería el mercado. La búsqueda de un acuerdo inició un periodo virtuoso en el país, como ha sido reconocido internacionalmente.

Esa etapa terminó y hoy, desafortunadamente parece no existir disposición a buscar un acuerdo. Tampoco interés en muchos de los que deben redactar una nueva constitución, lo que es una lástima ya que se deben fijar las reglas del juego para las generaciones futuras, y la historia del país muestra que los grandes acuerdos, aunque no sean escritos, han sido más duraderos.

Y aquí surge un tema que se ha dado en muchos países y que en la historia de Chile también encuentra ejemplos en la variedad de gobiernos de signo diversos, ya que tan solo entre 1932 y 1973 estuvieron sucesivamente en La Moneda el impulsor de la Constitución de 1925 (Arturo Alessandri), el Frente Popular (gobiernos de Aguirre Cerda, Ríos y González Videla), un general que había sido depuesto por golpista pero regresó para gobernar como demócrata (Ibáñez del Campo), la derecha (Jorge Alessandri), el reformismo (Frei Montalva), el intento revolucionario (Salvador Allende) , para que la dictadura de Pinochet se sucediera por 17 años y la posterior transición a la democracia.

Es decir, el tema no es el cambio, incluso brusco, sino el tipo de democracia, además, que nadie ha clavado la rueda de la fortuna por lo que existe una alta posibilidad que a esta Convención y su propuesta de nueva constitución también se le aplique lo mostrado por el péndulo de la historia.
—–
(*) Abogado (Universidad de Chile, Universidad de Barcelona), Doctor (Ph.D.) en Ciencia Política (Government, University of Essex), ex candidato presidencial en Chile (2013).

«Las opiniones aquí publicadas son responsabilidad absoluta de su autor».