¿Existe un derecho a la democracia?

Un informe anual, país por país, que señale los grados de cumplimiento y violación de principios y normas jurídicas de vigencia obligatoria en relación a la democracia, sería un avance que ayudaría no solo a los pueblos que sufren las dictaduras, sino también a la preservación de la libertad donde hoy está amenazada.
Ricardo Israel.

En su artículo primero la Carta Democrática Interamericana lo señala al decir que “los pueblos de América tienen derecho a la democracia”, agregando que los gobiernos tienen la obligación de “promoverla y defenderla”. Esta Carta señala que “la democracia es indispensable para la estabilidad, la paz y el desarrollo de la región”.

Aparece el año 2001 y se considera una actualización de la Carta de Bogotá, el documento que creó la propia Organización de Estados Americanos el año 1948.

En lo relativo a la democracia, existe amplio acuerdo en dos cosas: a) los principios básicos y fundamentos se han mantenido desde su aparición en la antigüedad clásica griega, y b) estos no solo existen en las ciencias sociales sino también han sido recogidos en diversos instrumentos que hoy son parte del Derecho Internacional, por ejemplo, la Carta Democrática Interamericana recoge cinco elementos esenciales: el respeto a los derechos humanos y las libertades fundamentales; el acceso al poder y su ejercicio con sujeción al Estado de Derecho; la celebración de elecciones periódicas, libres, justas y basadas en el sufragio universal y secreto como expresión de la soberanía del pueblo; el régimen plural de partidos y organizaciones políticas; y la separación e independencia de los poderes públicos.

Es verdad que estas obligaciones no siempre se cumplen como también que muchas veces hay impunidad para el incumplimiento de los gobiernos, pero eso es otro problema.

Al existir principios éticos como también normas obligatorias, la pregunta es que se puede hacer para que ese derecho no sea letra muerta. Un elemento en la dirección correcta figura en las propuestas del foro “Defensa de la Democracia en las Américas”, organizado por el Instituto Interamericano para la Democracia el 5 de mayo de este 2021 y donde se dice en el número cuatro: “es importante que como parte del sistema permanente de su institucionalidad, la Organización de Estados Americanos implemente de inmediato un organismo que analice y emita un informe anual sobre el “estado de la democracia” de cada uno de los países miembros en aplicación de los elementos esenciales contenidos en la Carta Democrática Interamericana”.

En general hoy existe fuerte conciencia para reaccionar ante todo intento de golpe de estado de origen militar, pero no se da la misma respuesta frente al castrochavismo del siglo XXI, etapa que coincide con una situación de desinterés por parte de Estados Unidos, que por lo demás era una vieja aspiración de varios países latinoamericanos pero que no responde a la pregunta de como hacer más fuerte a las instituciones regionales.

Un informe anual, país por país, que señale los grados de cumplimiento y violación de principios y normas jurídicas de vigencia obligatoria en relación a la democracia, sería un avance que ayudaría no solo a los pueblos que sufren las dictaduras, sino también a la preservación de la libertad donde hoy está amenazada.

Existe un panorama difícil en la región ya que la ofensiva contra las instituciones democráticas es notoria, utilizando hasta las propias instituciones para genera inestabilidad. Al haber acuerdo doctrinario en los principios y normas jurídicas que obligan a su protección, es que se deben usar los instrumentos legítimos de los que se dispone legalmente.

Este informe anual país por país por parte de la Secretaría General de la Organización de Estados Americanos sobre el grado de cumplimiento, permitiría además avanzar sobre la impunidad, sancionando el incumplimiento de los gobiernos a través de medidas económicas y políticas, condicionando relaciones diplomáticas y comerciales. En ese sentido, la Carta siempre está vigente, incluso con funciones preventivas para evitar amenazas en cualquier estado miembro.

(*) Abogado (Universidad de Chile, Universidad de Barcelona), Doctor (Ph.D.), University of Essex, excandidato presidencial (Chile, 2013)

«Las opiniones aquí publicadas son responsabilidad absoluta de su autor».