Por: Diego Arria - 20/07/2024
«Hay un viejo decrépito del capitalismo salvaje que quiere tomar el poder y una vieja decrépita, promotores de la ideología del odio del fascismo, que tienen un plan para exterminarnos. Son una oligarquía criminal. ¿Vamos a dejar que estos decrépitos que quieren un baño de sangre provoquen una guerra civil?«.
Estos son mensajes públicos de Nicolás Maduro a la hora de referirse al candidato unitario de la oposición, Edmundo Gonzales, y a María Corina Machado, convertida en la líder de una verdadera insurgencia popular pacífica, pero inhabilitada ilegalmente por el régimen para presentarse como candidata, primer capítulo del mega fraude electoral que viene preparando el oficialismo para conservar el poder por las malas. Por esa razón, Maduro también ha jurado ante el comando de la Fuerza Armada que no entregará el poder. Una amenaza que complementa a menudo su ministro de la Defensa, el general Vladimir Padrino, con la afirmación de que la oposición «jamás será poder político mientras exista una Fuerza Armada como la nuestra. Antiimperialista, chavista y revolucionaria».
Y eso han hecho desde hace 25 años. Subyugar al pueblo venezolano y transformar el régimen chavista en una corporación criminal, socia de los principales carteles de la droga y de los narcos guerrilleros colombianos que hacen vida en buena parte de nuestro territorio. Una actividad que, por supuesto, no ha pasado desapercibida para la comunidad internacional, como lo demuestra, por ejemplo, Estados Unidos, cuyas autoridades judiciales ofrecen una recompensa de 15 millones de dólares a quien facilite la captura de Nicolás Maduro y de 10 millones de dólares por la del segundo hombre del régimen, Diosdado Cabello. Ambos, por cierto, con investigación abierta por la Corte Penal Internacional, acusados de integrar la cadena de mando responsable de innumerables crímenes de lesa humanidad cometidos en Venezuela, incluyendo la tortura y hasta la violación de prisioneros políticos contra muchos de los 320 presos políticos, la mitad de ellos militares, encerrados en las siniestras cárceles del régimen.
Por otra parte, Hugo Chávez primero y Maduro después han logrado empobrecer a un país que ha pasado, de producir 3,5 millones de barriales diarios de petróleo a 700 mil, de los cuales 100 mil se entregan al Gobierno cubano por los servicios prestados a Venezuela, que van, desde labores de inteligencia y control de los militares y de la población civil, hasta la enseñanza de técnicas de acoso, persecución y tortura, en las que los «revolucionarios» cubanos son expertos. ¡Increíble que una isla con un tercio de la población de Venezuela actúe en Venezuela y sea reconocida por su gobierno como potencia ocupante de nuestra soberanía!
En medio de esta tragedia venezolana, que incluye el éxodo de 8 millones de nuestra población, forzada por la desesperación provocada por la peor crisis económica y social de la historia republicana del país. Cuyos efectos devastadores han generado la desaparición de todas las instituciones del Estado y han terminado por exterminar hasta los ingredientes más elementales de la democracia representativa. Una realidad que nos obliga a preguntarnos qué clase de elecciones serán las que van a realizarse el próximo 28 de julio.
Lo cierto es que Venezuela no participará este 28 de julio en un simple ejercicio electoral, sino en una auténtica batalla por la libertad, y sólo se alcanzará desalojando por completo a la narco tiranía chavista del poder. De ahí que el pueblo venezolano venga demostrando masivamente su compromiso y apoyo a la candidatura de Edmundo Gonzales, a la cual María Corina Machado le ha endosado el monumental y creciente apoyo que ha logrado gracias a la proeza de convertir la desesperación de la inmensa mayoría del país en la esperanza de poder rescatar a punta de votos la libertad, la dignidad y el reencuentro de la fraccionada familia Venezolana, actualmente desperdigada por el mundo. Una esperanza cuya magnitud la ponen en evidencia todos los sondeos de opinión, que vaticinan una victoria de Edmundo González que, en el peor de los casos, superará a Maduro por 20 puntos. Un resultado que no ha sucedido jamás en la historia electoral de Venezuela.
El problema radica en la capacidad del régimen, demostrada durante sus 25 años de existencia, para alterar el resultado electoral, despierta el temor de que, en efecto, el régimen caiga en la tentación de cometer lo que sería un megafraude electoral. No obstante, en su menú de opciones, el régimen contempla la de verse obligado a reconocer su derrota. En previsión de ello, y como la trasmisión del mando presidencial tendrá lugar en enero del año que viene, Maduro ya ha convocado para el 25 de agosto un referéndum para aplicar una Ley del Poder Comunal, con la finalidad de ponerle fin al carácter democrático definido en la Constitución vigente y sustituir por un nuevo sistema político, el de las cuatro mil comunas que ya están organizadas, que a partir de ese momento asumirían todos los poderes del Estado y dejarían sin efecto el resultado y el significado de la elección presidencial del 28 de julio.
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