Por: Carlos Sánchez Berzaín - 22/01/2023
En un país al que han llevado a crisis económica, política y social con 43.1% de pobreza creciente, a 9 meses de las elecciones generales 2023, con evaluación de mala gestión del 69,3%, con una imagen negativa de más del 70%, con la vicepresidente condenada a 6 años de cárcel por corrupción y sin ningún resultado que ofrecer, el presidente Alberto Fernández subordina a Argentina al crimen organizado trasnacional invitando como a jefes de Estado a los dictadores de los narcoestados de Cuba, Venezuela, Bolivia y Nicaragua.
Un gobierno para-dictatorial es aquel que establecido en un país con democracia convierte su gestión en instrumento de servicio para el sostenimiento y defensa de las dictaduras, violando sus obligaciones internacionales de respeto y “defensa de los derechos humanos”, “mantenimiento de la paz y seguridad internacionales” y “democracia como derecho de los pueblos”. En términos jurídicos es crimen y políticamente en democracia es una infamia. Es hoy el gobierno argentino.
La “Convención de las Naciones Unidas contra la delincuencia organizada transnacional” establece que por “grupo delictivo organizado” se entenderá́ un grupo estructurado de 3 o más personas que exista durante cierto tiempo y que actúe concertadamente con el propósito de cometer uno o más delitos graves o delitos tipificados con arreglo a la presente Convención con miras a obtener, directa o indirectamente, un beneficio económico u otro beneficio de orden material”. El grupo de dictadores del socialismo del siglo XXI o castro chavismo es eso.
Son narcoestados “aquellos países cuyas instituciones políticas se encuentran influenciadas de manera importante por el poder y las riquezas del narcotráfico, cuyos dirigentes desempeñan simultáneamente cargos como funcionarios gubernamentales y miembros de las redes del tráfico de drogas narcóticas ilegales, amparados por sus potestades legales”. Cuba, Venezuela, Bolivia y Nicaragua son narcoestados.
La dictadura de Cuba que era la única en las Américas a iniciar el siglo XXI, se ha expandido e implantado su sistema y control en Venezuela, Bolivia, Ecuador y Nicaragua. Ecuador ha recuperado la democracia gracias al presidente Lenin Moreno, pero Venezuela, Bolivia y Nicaragua son regímenes en los que no existe ninguno de los elementos esenciales de la democracia, tienen centenas de presos políticos, millones y miles de exiliados y los dictadores y sus entornos cometen a diario crímenes con la impunidad que les da detentar el poder por la fuerza.
Las cuatro dictaduras de las Américas, Cuba, Venezuela, Bolivia y Nicaragua son un solo grupo auto denominado socialismo del siglo XXI, llamado castrochavismo porque la asociación criminal entre Fidel Castro y Hugo Chávez es la que lo creó, permitiendo la reactivación de todas las capacidades criminales del castrismo en contra de las Américas. Las dictaduras castrochavistas operan amenazando a los pueblos, con el Foro de Sao Paolo, el Grupo de Puebla y organismos apócrifos que han creado como la CELAC.
El castrochavismo auspicia candidaturas presidenciales con las que toma el control de países con democracia; conspira y desestabiliza gobiernos con grupos operativos transnacionales; sostiene y protege sus grupos armados terroristas como las FARC y el ELN. Es plataforma y socia de Rusia apoyando la invasión a Ucrania y la amenaza a Europa; es vinculado con terrorismo islámico y promueve la penetración de Irán en la región, entre otras.
El socialismo del siglo XXI busca presentarse como proyecto político antiimperialista cuando en verdad es un grupo de crimen organizado transnacional como lo prueban los hechos, la opresión de los pueblos de Cuba, Venezuela, Bolivia y Nicaragua, denuncias, informes, acusaciones, procesos y casos de corrupción como “lava jato” que incluye a Lula da Silva de Brasil, crímenes de lesa humanidad, narcotráfico como el “cartel de los soles” del dictador Nicolás Maduro con orden de captura y 15 millones de dólares de recompensa.
El gobierno de Alberto Fernández y Cristina de Kirchner es continuismo de los gobiernos Kirchner y se ha estructurado y se mantiene como parte del castrochavismo. Desde el financiamiento electoral con corrupción escandalosa como “Antonini Wilson”, el aporte de Chávez de 5.500 millones de dólares entre 2005 y 2008 en auxilio del déficit fiscal de Kirchner y más, hasta la narrativa médica a la hija Kirchner en Cuba para protegerla de investigaciones por corrupción, son prueba que el gobierno Fernández/Kirchner es satélite del castrochavismo a costa del honor y la soberanía de Argentina.
La realidad objetiva invita a constatar que Alberto Fernández parece tener el triste papel de encomendero del poder que lo ha llevado a la presidencia y que hoy lo pone como anfitrión del crimen organizado.
*Abogado y Politólogo. Director del Interamerican Institute for Democracy
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