Los conflictos armados, sean estos guerras clásicas, no convencionales, híbridas, internacionales o internas, dejan inevitablemente en sus actores o partes contendientes, poblaciones involucradas, y descendencias en general, secuelas físicas y psíquicas, unas veces visibles y otras ocultas. Estos traumas, cuando afectan la psiquis tienen la especial característica de acumularse -reprimirse- y trasmitirse transgeneracionalmente, de modo que afectan también a generaciones posteriores de los grupos involucrados en la contienda bélica.
En lugar de la comprensión social y de considerar la necesidad de recuperar desde lo psíquico al personal militar empeñado en las operaciones de la guerra interna (stasis para los griegos), y sin perjuicio del juzgamiento de los excesos cometidos en la contienda, el mundo castrense se vio sometido desde 1983 (en virtud del juicio sumario dispuesto por el presidente Raúl Alfonsín mediante Decreto Nº 153/83) al día del hoy, es decir a través de treinta y cinco años a interminables juicios penales por delitos que fueron calificados de “lesa humanidad”, que junto a un permanente repudio social del sector castrense, se convirtieron en una suerte de reiteración del trauma que, sin dejar elaborar las viejas heridas de guerra, las abrieron más aún, con secuelas psíquicas que han impactado e impactan negativamente en quienes combatieron, en sus grupos parentales, en las generaciones familiares posteriores y en la actual organización militar, sin importar para ello que sus componentes actuales no hayan tenido participación en la guerra antisubversiva.
La sociedad argentina, en virtud de políticas montadas a tal efecto, sólo pudo ver los efectos del trauma producido en la trágica guerra interna de los setenta en las personas que fueron combatidas por las fuerzas públicas, en sus familiares y en sus llamados compañeros de militancia, todos devenidos hoy en el papel de víctimas.
Resultaba fácil recurso recurrir a la figura del chivo expiatorio y cargar todo el mal en los militares, de modo tal que la sociedad y sus principales actores políticos resultaran exentos de asumir las respectivas responsabilidades que le incumbían en lo moral, político y jurídico, en el marco excepcional de la guerra revolucionaria desatada en aquellos tiempos, e iniciada por grupos terroristas que tenían por objetivo derrocar el sistema democrático imperante.
MAS ALLA DEL GOLPE
La guerra interna siguió más allá del golpe militar de 1976. El enemigo determinado por Perón y el Partido Justicialista todo, principalmente las organizaciones terroristas ERP y Montoneros, continuó siendo el oponente durante el gobierno de facto. La normativa de empeñamiento casi no tuvo variaciones. También se confirmó el concepto de guerra revolucionaria originado en los sesenta en el fallo condenatorio a las Juntas Militares por parte la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal en 1985.
Además de los copamientos, o intentos de ellos, que dejamos mencionados, se considera que entre 1973 y diciembre de 1983 hubo 7.010 personas desaparecidas y 1.571 fueron asesinadas con motivo de la guerra antisubversiva. Decenas de militares e integrantes de las fuerzas de seguridad fueron heridos y muertos, pero también hubo víctimas del terrorismo entre no combatientes que hoy permanecen olvidadas por el Estado Argentino (Se calcula que las acciones subversivas produjeron 1.094 asesinatos a civiles, dejaron 2.368 civiles o no combatientes heridos, se afectaron con su accionar 17.382 civiles, más sus familiares y fueron secuestradas 758 personas).
Esta guerra revolucionaria o partisana involucro a miles de militares e integrantes de fuerzas de seguridad. ¿Cuántos efectivos quedaron con traumas psíquicos, y que atención tuvieron desde la sanidad militar?
LOS DOS DEMONIOS
Pero, ¿cuál fue o es la magnitud de este tipo de trauma de guerra?, ya que nadie se ha propuesto estudiar científicamente el tema. Con la famosa política de no admitir la teoría de los dos demonios en nuestro país, se borró la existencia de una guerra revolucionaria y con ello se obliga a negar la existencia de combatientes de ambos bandos, de modo que solo hubo represores y víctimas. Así las cosas, los agentes del Estado que participaron en la guerra intestina no pueden haber sufrido TEPT alguno.
Y si no hay estudios científicos sobre los traumas producidos por esa guerra revolucionaria a nivel individual, menos se podría hablar del TH en el grupo militar -incluyo fuerzas de seguridad-.
No obstante propongo la siguiente hipótesis de trabajo. Dicen los autores del estudio consultado que el TH se caracteriza porque lo sufre: “la mayoría de los integrantes del grupo o comunidad”. En el caso de las Fuerzas armadas, sin duda todos sus componentes -y sus familiares- si bien con distinta intensidad, sufrieron los efectos de la guerra antisubversiva, efectos que no solo datan de los tiempos del propio conflicto bélico, que también tenía a sus familiares como objetivo militar -recordar la muerte de la hija del Capitán Viola entre tantos otros- sino que también provienen del maltrato social al grupo militar y sus allegados, en lo que sería el tiempo de posguerra (1983 en adelante, casi diría hasta la actualidad).
Michel Foucault, invirtiendo la famosa definición de guerra de Clausewitz, sostuvo que la política es la continuación de la guerra por otros medios -frase que algunos atribuyen a Lenin-. Esto cobró vigencia en la Argentina con motivo del juzgamiento de los excesos cometidos por militares en la guerra antiterrorista.
En su momento, el Presidente Raúl Alfonsín expresó respecto a la responsabilidad de los militares que una cosa era “quien mandaba” y otra quien “obedecía órdenes”, pero se terminó juzgando a la institución militar toda por crímenes de lesa humanidad, esto complementado con un vaciamiento de las fuerzas armadas en cuanto a personal y equipamiento, como así también por una persecución a los militares sometidos a procesos judiciales manifestada en escraches a sus domicilios, la negativa a permitirles cursar carreras en la Universidad de Buenos Aires, llegándose a impedir el ascenso en la carrera militar de los hijos de procesados, como si la continuidad de la sangre trasmitiera culpa penal, situación recientemente revertida al advertirse la enormidad que significó esa arbitrariedad
EL CASO FORMOSA
Otro ejemplo de la continuación de la guerra mediante la política al grupo militar, con la habilitación de una sociedad que los puso el lugar de los únicos culpables del mal, se puede ver en el trato dado a los militares muertos por el ataque del grupo guerrillero Montoneros al Cuartel de Formosa en octubre de 1975. Hoy el Estado, que es en definitiva la sociedad argentina política y jurídicamente organizada, ha indemnizado a los herederos de los terroristas que ejecutaron la toma del lugar militar, y le ha negado una justa reparación a su Agentes de las Fuerzas Públicas que fueron cobardemente asesinados en ese evento (Un oficial, diez soldados y un suboficial de la Policía Provincial).
En síntesis, no hay duda el TH resultante de la guerra revolucionaria es sufrido por todo el grupo militar, incluidas sus familias, y las causas del trauma no quedaron anidadas en la época del conflicto bélico, sino que persisten hoy cuando el grupo familiar sigue siendo asediado políticamente y judicialmente por quienes fueron guerrilleros en la guerra revolucionaria, sus descendientes y las nuevas generaciones de las izquierdas que comulgan con las ideas que en su momento se intentaron entronizar en el país por medio de la violencia armada.
En la Argentina por los medios de comunicación se ha generado una subjetividad en cuya virtud la figura del militar de antes y de ahora está asociada a represión ilegal, lesa humanidad, genocidio, sin importar que se trata de alguien que presta el servicio público constitucional militar.
EL ESTALLIDO
Así las cosas, la persecución al militar no se limita al individuo en sí, sino que el órgano castrense que le da vida, instituido por el artículo 21 de la Constitución Nacional, es vaciado desde lo presupuestario, lo salarial y lo formativo. Lo sucedido en 2017 con el hundimiento y desaparición del submarino ARA San Juan es la muestra más triste y elocuente del estallido de las fuerzas armadas argentinas, producto de la acción perpetuada en forma permanente contra el grupo social militar, acción esta que, a no dudarlo, es causante de un TH cuyas consecuencias no se han visibilizado por ahora.
Es factible que el TH haya generado una desconfianza del grupo militar hacía el resto de la sociedad que lo pone habitualmente en el lugar del mal, y que se haya producido una ruptura del tejido social que uniría al mundo militar con el civil -como dirían los griegos la ciudad está dividida- Situación que lleva a plantearnos una peligrosa incógnita: ¿En qué medida la obediencia debida que debe imperar en el grupo militar tendría solidez y confiabilidad si por alguna eventual emergencia se los convocase a actuar con el ejercicio de las armas?
Publicado en laprensa.com e
“Las opiniones aquí publicadas son responsabilidad absoluta de su autor”
* Compilador de “La Nación Dividida, Argentina después de la violencia de los setenta”, Editorial Lilium, 2019. 283 páginas. El libro ya puede conseguirse en Internet.