CRIMEN DE LESA HUMANIDAD EN VENEZUELA
Por: Marcel Feraud - 2017/04/24
Share:
Las imágenes que nos llegan de Venezuela, de ciudadanos acribillados por milicias que aterrorizan y matan a placer, no solo nos estremecen, sino que nos llevan a cuestionar profundamente la fragilidad de los derechos humanos y de las garantías fundamentales en los tiempos de hoy. Todo esto a pesar del avance del derecho internacional y de las excelsas declaraciones liricas en la mayoría de las constituciones del mundo.
En las Américas este tema ha sido objeto de múltiples ensayos y estudios en la última década. Se trata del análisis y la denuncia ad infinitum de la demolición de las instituciones democráticas por parte de los gobiernos denominados del Socialismo del Siglo XXI, desde la irrupción del chavismo a finales del siglo pasado. Los partidos políticos y las organizaciones sociales de los países del eje castro chavista fueron incapaces de contener la consolidación de los populismos que socavarían todas y cada una de las democracias de los países miembros de dicho eje.
La Carta Democrática Interamericana suscrita y aprobada el 11 de septiembre de 2001, en sesión especial de la Asamblea de la Organización de Estados Americanos (OEA), estipula con claridad las condiciones y los elementos que deben concurrir para la existencia y fortalecimiento de la democracia. Este instrumento, que fue considerado como un avance en el derecho político internacional y una actualización importante de la Carta Fundacional de la OEA, ha quedado como letra muerta ante el accionar de los llamados Socialismos del Siglo XXI.
La corrupción generalizada y la institucionalización del fraude electoral, eliminando la alternancia, a más del fracaso del modelo económico populista y clientelar, ha generado el descontento popular en las calles, objeto de la más violenta represión, violando los DDHH y los más elementales derechos fundamentales de la población.
La situación en Venezuela ha rebasado ya todo limite moral e humanitario. La gente no tiene recursos ni existen bienes primarios de consumo alimenticio y de salud. A pesar del grave padecimiento de la población y especialmente de los sectores más vulnerables, el gobierno insiste, mediante campañas propagandísticas infames, en acusar a los manifestantes de “golpistas financiados por el imperio”.
Está claro que el mundo debe reaccionar y que los organismos internacionales como la OEA y las Naciones Unidas carecen de poder coercitivo para poner fin de manera efectiva a este desastre humanitario que afecta a los venezolanos.
Lo que sucede en Venezuela nos incumbe a todos como civilización. No podemos esgrimir ni celebrar los “avances” alcanzados por la humanidad en los tiempos que vivimos, si solamente nos limitamos a los descubrimientos tecnológicos o científicos. Cuál es entonces el objetivo de una civilización, sino el bienestar de todos sus integrantes, especialmente el respeto y garantía de los derechos fundamentales del hombre y la condena y reacción ante la conculcación de esos derechos.
En Venezuela no solo se han conculcado aquellos derechos fundamentales como la libertad de expresión y opinión y los más elementales DDHH, sino que a los que anhelan libertad y democracia, se los persigue, criminaliza y asesina mediante operativos gestados en el poder, utilizando milicias o colectivos armados y financiados por el gobierno.
Se trata de terrorismo de estado y crimen de estado, delitos que se enmarcan en la figura de los crímenes de lesa humanidad, definidos en el Articulo 7 del Estatuto de Roma y cuya competencia recae en el Tribunal Penal Internacional, con sede en La Haya.
La persecución por razones políticas, entendida como la privación intencionada y grave de derechos fundamentales, en violación de derechos constitucionales y del derecho internacional, constituye un crimen de lesa humanidad según el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional. Este instrumento que tiene carácter de Tratado Internacional fue gestado con la intención de terminar con la impunidad de atrocidades y delitos de barbarie cometidos desde el poder.
Los jefes de estado o de gobierno no están exentos de ser procesados ante la Corte Penal Internacional y los crímenes de competencia de la Corte son imprescriptibles.
Es urgente que el Fiscal de la Corte Penal Internacional, magistrado encargado de instaurar el enjuiciamiento correspondiente, tome cartas en el asunto y destaque de inmediato a un equipo de indagación previa a Venezuela, a efectos de recabar la información en tiempo real y de manera directa.
Esta acción puede dar un mensaje claro y necesario, que los delitos de barbarie perpetrados desde el poder no gozaran más de impunidad, y, que los derechos humanos y los derechos fundamentales de las personas, se encuentran plenamente garantizados en cualquier rincón del mundo.
Si la OEA, la ONU y los países con las más antiguas y exitosas democracias como los Estados Unidos no pueden articular una respuesta a las atrocidades y a los atropellos a los DDHH en Venezuela, la Corte Penal Internacional está plenamente facultada para hacerlo. Esperamos que cumpla con su deber fundacional e histórico.
Publicado por ecuadorlaw.wordpress.com el 23 de abril, 2017.