Discurso del Dr. Guillermo Lousteau en su incorporación a la Real Academia Hispanoamericana

"El devenir de la democracia en la América" fue el título de la conferencia ofrecida por Guillermo Lousteau Heguy en ocasión de su nombramiento como Académico Correspondiente en la ciudad de Miami por la Real Academia Hispanoamericana, establecida en Cádiz, España.

El Director del Interamerican Institute for Democracy, Guillermo Lousteau Heguy, fue incorporado a la Real Academia Hispanoamericana en calidad de Académico Correspondiente en Miami. La ocasión, que fue reseñada por el Diario de las Américas, fue propicia para que Lousteau ofreciera una conferencia titulada “El devenir de la democracia en la América”.

Guillermo Lousteau en la Real Academia Hispanoamericana

Guillermo Lousteau en la Real Academia Hispanoamericana

El devenir de la democracia en la América

Deseo en primer lugar manifestar mi reconocimiento a los miembros de la Junta de Gobierno de la Real Academia Hispano Americana, por mi nombramiento como Académico Correspondiente, en Estados Unidos. Para un hispanoamericano, consciente de la calidad académica de la Institución, es un enorme orgullo incorporarse a ella.

Y agradezco especialmente al doctor García-Agulló por su amable y generosa presentación.

El claro campo de trabajo de la Academia abarca el Arte, las Ciencias, las Letras e Hispanoamérica. Dentro de ese campo el objetivo que  se propone  es ejercer influencia sobre el destino común de las naciones que conforman ese área cultural que , conceptualmente, incluye todas aquellas que en algún momento tuvieron relación con los países que hoy se asientan en la península ibérica.

Me incorporo como miembro correspondiente por un área ajena a la descripta. Luego de vivir por casi  20 años en los Estados Unidos, quisiera resaltar que también ese país cae inevitablemente en la zona de interés de esta Academia, porque tal como ha dicho el historiador Charles Lummis, “si no hubiera existido España hace 400 años, no existirían hoy los Estados Unidos”.

Efectivamente, el peso y la influencia de España en el desarrollo histórico de ese país, ha sido enorme y todavía se siente esa presencia, tanto en su pasado como en su presente.

El presidente Ford, al inaugurar la Semana Nacional de Herencia Hispánica, en 1974, expresó en ese mismo sentido “que la herencia hispánica de los EEUU se remonta a hace más de cuatro siglos. Cuando los peregrinos llegaron a la roca de Plymouth, la civilización española ya estaba floreciendo en lo que hoy es la Florida y Nueva México. Desde entonces, la contribución hispánica ha tenido una constante y vital influencia en el crecimiento cultural de nuestro país”.

La historia anglo-sajona de Norteamérica comienza en 1620. Pero ya en 1513, Juan Ponce de León tomó posesión de las costas de la Florida en nombre de la corona española. Y hasta la independencia de México, en 1821, los colores españoles ondearon en la tierra que hoy pertenece a los Estados Unidos. La ciudad más antigua de ese territorio, San Agustín, lleva 500 años de fundada.

A través de estos siglos, las relaciones entre ambos países ha sido frondosa, incluyendo la participación de España en la lucha por la independencia de las trece colonias.

Esos datos, sin embargo, no son moneda corriente. No sólo no lo son para los ciudadanos norteamericanos, si no que no son visualizados en debida forma por el mundo en general.

La difusión de la influencia de España en el desarrollo de los Estados Unidos debiera importarles, en primer lugar a los propios españoles, que se sienten ligados estrechamente a la América hispana y, sin embargo no sienten esa relación con los norteamericanos. La experiencia reciente del VII Congreso Internacional de la Lengua    celebrado en Puerto Rico ha mostrado la necesidad de esclarecer las relaciones y vinculaciones entre ambos países.

En los Estados Unidos hay 45 millones de hispanoparlantes   (casi como la población de España). Son norteamericanos de procedencia hispana o que habrán de obtener esa nacionalidad en un futuro próximo y constituyen hoy un grupo decisivo en las elecciones políticas.

Donde es más evidente está marcada influencia de los hispánicos es el aspecto lingüístico: la lengua española está en alza en ese país. En algunos estados, el idioma español se encuentra casi a la par del inglés, como Florida, Texas, California y Arizona,    donde casi se podría afirmar que ya no es una lengua extranjera, sino primera o segunda lengua. En los demás estados, el español es ya el primero en la enseñanza como idioma complementario. Recientemente, el New York Times sostuvo que crece la consideración del biculturalismo por parte de los norteamericanos como elemento decisivo en su estrategia en la economía global.

Obviamente, estos hechos han producido una reacción en grupos que rechazan el surgimiento del español en el mundo anglosajón. Pero también a éstos debieran dirigirse los esfuerzos de esclarecimiento, ya que normalmente no incorporan a sus antecedentes naturales, los aportes de España como parte de su historia propia.

También habría que agregar como tarea, la recuperación de la denominación de Hispanoamérica, que hemos perdido por la de América Latina, usual en los EEUU, a partir de su uso por Chevalier y Torres Caicedo, en el siglo XIX.

Esto nos queda como una labor pendiente.

El malestar de la democracia.

En 1930, Sigmund Freud, en uno de sus trabajos clásicos, describió lo que el llamó “El malestar de la cultura”.

De manera similar, y parafraseando a Freud, varios estudiosos de la filosofía política han hablado de un malestar de la democracia: una democracia donde la verdad, la política y las instituciones estuvieron y están en grave proceso de deterioro.

Vivimos en una democracia débil, devaluada, que tiene todavía mucho que discutir sobre su contenido. Uno de esos contenidos es sobre qué valores la sustentamos.

Definido por la Real Academia Española como “desazón o incomodidad indefinible”, el malestar que presenta la democracia, tiene connotaciones clásicas, pero fundamentalmente, está aquejada por problemas nuevos.

Parte del malestar de la democracia, está dada por la aparición de países que alegan ser democráticos, pero cuyas características plantean grandes desafíos al análisis de los sistemas políticos. Identificar a una democracia –o por el contrario, a una no-democracia-  excede el mero ámbito académico y tiene importantes consecuencias políticas y sociales.

Existe un amplio consenso en cuanto a la preferencia por la democracia como forma de gobierno en el mundo contemporáneo, ya que en el orden internacional, los beneficios de constituir un país enrolado en la democracia son todavía deseables.

Mientras que, por un lado, existe una opinión generalizada de que la democracia es inevitable, tal como predijo John Stuart Mill, y nadie querría declararse antidemocrático o pronunciarse en contra de la democracia, las dudas y los conflictos sobre su significado parecen multiplicarse.

No es ajeno a este malestar un problema de lenguaje.

La filosofía puso, en el siglo XX, un acento muy especial en este problema, que se transformó en un objeto privilegiado de estudio. La filosofía del lenguaje caracterizó parte del pensamiento del siglo pasado y, de manera muy clara, la disciplina evidenció los problemas de comunicación que el lenguaje implicaba y cuánto de las dificultades de comprensión recíproca eran meramente problemas de lenguaje más que de fondo.

Una de sus figuras más relevantes, Ludwig Wittgenstain, llegó a sostener que si nos pusiéramos de acuerdo con el uso de las palabras, desaparecerían la casi totalidad de las discusiones fundamentales. Este parecería ser parte del problema de la discusión sobre la democracia: no hablamos de lo mismo.

En el orden de la política, la preocupación por el uso del lenguaje y sus condicionantes, fue materia de especial análisis y preocupación por parte de George Orwell, que veía al uso de los términos como un elemento distorsionante. Por ello, reclamaba poner especial atención a la agenda pública, preocupación compartida, entre otros, por Antonio Gramsci.

Gramsci advirtió que la batalla central de la política se da en el orden cultural y que quien se apropie de dicho orden (y por lo tanto del lenguaje garantizaría el triunfo.

Este elemento, el uso de los términos, es esencial en la discusión actual, donde democracia, progresismo, participación y pueblo –por ejemplo-no significan lo mismo para todos.

Thomas Kuhn reactivó el concepto de paradigma como modelo y afirmó que uno de los problemas del cambio de paradigma era su incapacidad de ser traducido.  Es decir, que no hubiera manera de trasladar el lenguaje de un paradigma a otro porque las cosas no significan lo mismo para las partes.

Esta imagen es suficientemente descriptiva de la situación actual de la discusión sobre la democracia: su evolución a través del tiempo presenta grandes cambios e interpretaciones, al punto que ya no existe acuerdo sobre su contenido. Las limitaciones del lenguaje son parte del problema como vieron Wittgenstain y Orwell, aunque el problema podría ser más profundo que una mera cuestión  terminológica.

Parte del malestar de la democracia se origina también en la dificultad de comprensión de los temas en conflicto.

La definición de democracia es, en sí misma, un problema no resuelto. Las discrepancias sobre el concepto son graves y muchas. Pero si bien no podemos evitar las discrepancias,   sí es posible hacer el esfuerzo de evitar la confusión y tratar de precisar, al menos, el panorama en discusión.

La discusión central sobre los modelos en pugna excede el simple hecho de definir las palabras y se asienta sobre la circunstancia innegable de que existe un cuerpo muy apreciable de teoría democrática, sobre el cual se puede construir y realizar precisiones que puedan servir como instrumento para el análisis de las formas recientes de la democracia.

El concepto de democracia, en un sentido básico y ampliamente compartido sería definirla como el sistema de gobierno donde la soberanía reside en el pueblo.  Aceptando provisoriamente esta definición, se puede afirmar que, a partir de 1776 y a lo largo de los siglos XIX y XX, el principio democrático fue ampliamente aceptado en América, salvo Brasil, convirtiéndose en el continente que primero adoptó ese principio como forma de gobierno.

Exceptuando Cuba, los países de América Hispana, son hoy gobiernos elegidos por el pueblo, y por lo tanto, podrían ser considerados gobiernos democráticos. Es una situación muy poco usual en su historia: en 1978, sólo había tres gobiernos con esas características: Colombia, Venezuela y Costa Rica.

El flagelo de los golpes militares, usuales en los siglos XIX y XX, ha dejado de ser una alternativa válida a los sistemas democráticos. Sin embargo, la realidad muestra hoy la coexistencia de dos tipos de regímenes distintos, que afirman cada uno constituir auténticas democracias, pero que son incompatibles entre sí, lo que origina parte del malestar referido.

Por un lado, la gran mayoría de los gobiernos  muestra –con mayor o menor fortaleza-    su apego a los principios reflejados en una concepción de la democracia, que incluye instituciones clásicas del constitucionalismo llamado liberal, tendientes a limitar el ejercicio del poder.

Por el otro, existe un conjunto menor de países conducidos por nuevos líderes con un discurso radical, elegidos también por el voto popular, pero que reniegan de ciertos principios del constitucionalismo clásico, principios que impiden el ejercicio absoluto del poder.

Estos dos modelos comparten su origen en el voto popular.  Responden de esa manera al concepto aceptado provisoriamente como básico, de estar legitimados por la soberanía popular, tal como Aristóteles describió a la democracia.

No obstante, sus desempeños y la confrontación entre ambos están señalando que no responden a la misma concepción y, más problemático todavía, sus consecuencias en la vida política y real de sus sociedades son decisivamente divergentes.

Es en esta confrontación entre dos modelos de democracia, donde se inserta la acción y los objetivos del Interamerican Institute for Democracy, creado para defender y promover la institucionalidad en América Hispana.

El mundo griego aceptó la democracia como forma posible, pero entrevió sus dificultades, especialmente en el rol que le asignaba a las decisiones mayoritarias. Una mayoría tomando decisiones sin limitaciones, era impensable.

El tema de las formas de gobierno se replantea con la crisis de la teoría del “origen divino de los reyes” impugnada específicamente en el siglo diecisiete. En la necesidad de encontrar nuevas fuentes de legitimidad, hicieron su aparición las teorías contractualistas, que buscaban la legitimidad del poder en un hipotético contrato que los individuos habrían celebrado para constituirse en sociedad y crear al Estado, dotándolo del poder necesario para gobernar.

Thomas Hobbes, John Locke y Jean Jacques Rousseau son los exponentes clásicos del contractualismo como explicación política del poder y desde luego, los más influyentes. Los tres describen ese contrato de manera diferente, tanto en las motivaciones como en la forma en que se celebra, lo que lleva a consecuencias disímiles.

Aunque por diferentes razones, Hobbes y Rousseau llevaban a la configuración de un poder fuerte, frente al cual cedían los derechos individuales y, por consecuencia natural,    depositaban en la mayoría la decisión final. Ya sea por la existencia de un Leviathán todopoderoso, como acepta Hobbes, o por la existencia de una voluntad general, donde se pierde la individualidad, según Rousseau.

El caso de Locke es más complejo. Si bien se lo considera el padre del liberalismo, por su defensa de la libertad individual y de la propiedad privada, que lo lleva a limitar al poder, algunas de sus ideas parecen en contradicción, y han servido para que los defensores de un poder fuerte basado en la mayoría, crean ver en Locke un pensador propio, defensor de la concepción mayoritaria de la democracia.

Efectivamente, en su “Segundo Tratado sobre el gobierno”, de 1689, dedicado a defender la idea de un gobierno basado en principios fundamentales, Locke afirma que todos los hombres han nacido iguales y libres.

Sobre esta idea radica  su imagen más difundida: la del filósofo defensor de los derechos    de los cuales ni el hombre mismo puede desprenderse.

Por otro lado, Locke fue el primer escritor en ocuparse de la regla de la mayoría, en una escala suficientemente importante como para atraer la atención sobre el tema.   Así,    explica Locke, la existencia de una sociedad política implica la sujeción de los individuos a un gobierno.

La forma de entender la razonabilidad de dicha sujeción de los individuos en una sociedad política es a través del consentimiento: en una sociedad de estas características,    el individuo obedece a sus propias reglas, porque las reglas establecidas por el gobierno son las suyas propias, a las cuales ha prestado su consentimiento.

No advierte Locke, entonces, discrepancia entre el interés individual y el interés general:    “El hombre es, como ha sido dicho, libre por naturaleza, igual e independiente y ningún hombre puede ser sacado de esa situación y sujetado al poder político de otro, sin su consentimiento”

“Consentimiento” es aquí el concepto clave, que se encuentra a lo largo de todo el tratado. Pero Locke pasa luego, de un consentimiento explícito a un consentimiento tácito, y de la unanimidad a la mayoría, casi sin pausa.

 La oposición entre el interés general y el individual, entre la regla de la mayoría y el derecho individual se repite a lo largo de la obra: por un lado, la mayoría es la que toma decisiones, pero esta facultad estaría limitada por los derechos de los individuos que la mayoría no puede desconocer. Si lo hiciera, estaría ejerciendo sobre la minoría un poder que, bajo las leyes de la naturaleza, no puede ejercer.

La duda es si existe esta contradicción en Locke y si puede la mayoría constituir un peligro para el individuo.

Cada pensador responde a las circunstancias de su época y su sociedad y, con frecuencia, las circunstancias que evidencian las contradicciones de su obra aparecen más tarde y por eso son problemas que no pudo prever.

Ese problema se hizo evidente en el momento de la revolución americana. Las colonias estaban alertas a ese peligro, porque ya habían experimentado el abuso de las mayorías,  representadas en las legislaturas locales.

Al momento de adoptar una constitución prestaron especial atención a este problema  y  crearon una estructura de gobierno orientada a limitar las decisiones de la mayoría, generando instituciones que pudieran ponerle límites.  Se apoyaron, así, en el Locke liberal, defensor de los derechos individuales y de la propiedad y adoptaron las ideas de otros pensadores afines, como Montesquieu y su doctrina de la separación, o más precisamente, de los pesos y contrapesos entre las diferentes ramas del poder, para equilibrar el poder mayoritario.

La gran originalidad del proceso de los constituyentes fue el concepto de “constitución”, por un lado fuente de legitimidad, y por el otro, la garantía de un marco acordado por la sociedad, que regiría como norma suprema.

Como consecuencia de esas características, había que crear un órgano que tuviera a  su cargo la tarea de vigilar el cumplimiento de las normas constitucionales. Ese órgano fue la Suprema Corte de Justicia.

El hecho de que ese cuerpo estuviera integrado por personas no electas por votación popular, y que fueran vitalicios e independientes de los otros poderes es lo que le dió a la Constitución, su claro e inequívoco sentido contra-mayoritario. Así, quedó forjada una democracia representativa, constitucionalista y que se reconoce como liberal, por la prioridad que le concede a la libertad individual, garantizada por esa constitución y por las limitaciones a las decisiones de la mayoría.

Importa aclarar que esa decisión no fue unánime. A los papeles de ‘El Federalista’, se le opusieron los anti-federalistas, entre cuyas filas se enrolaban personalidades como Jefferson y  Payne, y se translucían ideas de Maquiavelo, llegadas a las colonias a través del inglés Harrington.

Pero, una vez adoptada la decisión, ambas partes se sometieron a ella. La discrepancia continúa, pero dentro de los límites de la Constitución y de la aceptación de la Corte Suprema como el árbitro de las diferencias.

El sistema así creado, transformó al constitucionalismo norteamericano en el sistema político más exitoso y con más de 200 años de vida, cuya flexibilidad permite la disputa política sin poner en riesgo los acuerdos básicos.

Los orígenes de la independencia de las colonias españolas en América difieren de los de sus hermanas del norte. Las ideas que la sustentaron no se identifican inicialmente con las teorías contractualitas, sino que pueden rastrearse fácilmente en la escolástica española tardía, especialmente en Francisco Suárez, hacia fines del siglo XVI.

El constitucionalismo norteamericano, al que debe sumarse el de las Cortes de Cádiz, en 1812, fueron rápidamente recogidos por las colonias españolas, en el proceso de su independencia y conformación de sus sistemas de gobierno, aunque no sin dificultades,

En primer lugar, así como el proyecto norteamericano había sido ampliamente discutido y aceptado luego de un largo proceso, su recepción en la América de habla hispana no tuvo ese debate, falencia  que fue decisiva para la comprensión institucional y la vigencia del constitucionalismo en la región.

La otra gran dificultad se presentaba bajo el aspecto de las enormes diferencias culturales entre las dos Américas, cuyos resabios son todavía visibles.

Los principios que hacían propios los valores reflejados en la constitución liberal de los recientes Estados Unidos,  no eran los mismos para las colonias españolas,  especialmente diferenciados por las bases de la Reforma y la Contrarreforma.

La cultura hispánica es una visión que difiere de aquellas que, como las de Estados Unidos, han sido más afines con la democracia, donde –como dice César Vidal- “la Reforma inyectó una serie de valores que, en términos generales, brillan por su ausencia en nuestra cultura común”.

Esta diferencia se advierte hoy incluso en la comunidad hispana en los EEUU, ya que las encuestas muestran que los hispanos tienen una valoración que no se compara con la de los sajones en materia de individualismo y el rol del Estado, por ejemplo.

Una diferencia que terminaría por ser decisiva fue la actitud frente a la ley. Mientras en el mundo sajón, el acatamiento irrestricto a la ley es un valor universalmente reconocido,    no lo era en el mundo colonial hispano, donde la respuesta a la ley era “se acata, pero no se cumple”.

Esta falta de sumisión a la ley y al orden, se refleja también en la literatura hispanoamericana, donde sus prototipos suelen ser personajes al margen de la ley y contradictores del orden, como Martín Fierro.

La recepción del constitucionalismo norteamericano se produjo, entonces, con estos dos grandes obstáculos: la falta de un debate amplio y las enormes diferencias culturales.     El resultado no podía sino ser distinto, y es por eso que el devenir de la democracia en el continente sea tan dispar.

Si nos concentramos en los años fundacionales del siglo XIX, el enorme número de constituciones hace pensar en una situación de caos constitucional.

Desde primera constitución, la venezolana de 1811 y hasta casi la llegada del siguiente siglo se dictó 103 constituciones, en 16 países. “Para un tipo de documento que tiene la pretensión de permanecer en el tiempo –dice Gargarella– se trata de demasiadas constituciones para un período relativamente breve.

Esas cuestiones son las que florecieron frente a la presencia del constitucionalismo norteamericano. Diferentes corrientes se pronunciaron sobre la forma de encarar esa presencia e influencia, que pueden agruparse en tres posiciones emblemáticas: las de Domingo Faustino Sarmiento, Simón Bolívar y Juan Bautista Alberdi.

Sarmiento propiciaba la adopción in totum de la Constitución americana, y llegó a incluir a la jurisprudencia de la Corte Suprema de los EEUU  como fuente jurídica del derecho constitucional argentino.

Simón Bolívar, desengañado de sus primeros pasos, se afirmaba en la posición opuesta: nuestros pueblos no estaban capacitados para un instrumento tan sofisticado.    Finalmente, Juan Bautista Alberdi acertó con su esquema: los principios del régimen constitucional norteamericano eran valiosos, pero debían ser adaptados a la realidad de la América española

Los siglos XIX y XX mostraron a los nuevos países emancipados de España, teóricamente estructurados bajo los mismos principios de la Constitución de los EEUU, pero su realidad política estuvo lejos de la vigencia plena de sus valores.

 Las interrupciones a la democracia fueron la norma, básicamente bajo la figura de golpes militares y, con mucha frecuencia, dictaduras disfrazadas con el manto de elecciones populares. Lo característico de estos actos antidemocráticos era, sin embargo, su apego formal al sistema, considerando las violaciones solo como temporales, y con mucha frecuencia, los motivos de los golpes militares se expresaban como “el retorno a la constitución” o  “la recuperación de la de democracia”

En 1959, sin embargo,  se produce un hecho realmente disruptivo de la democracia en el continente: la revolución cubana, que produce un vuelco fundamental y considerable en la historia hispanoamericana.

Expulsado de la Organización de Estados Americanos, el gobierno de Cuba fue el gestor de movimientos revolucionarios en la región, que marcarían una etapa de alteración institucional hasta casi el fin del siglo XX.

El fenómeno del castrismo radicalizado muta por dos hechos cercanos que cambian su percepción. En la década de los 70s, como producto de trabajos de intelectuales argentinos exiliados en México y de sus pares locales, se revitaliza el pensamiento de Antonio Gramsci, el  marxista italiano. Con esta revitalización, la lucha por el poder se corre al campo cultural, verdadero motor de la sociedad.

El segundo hecho, mucho más decisivo, es la convocatoria del Foro de San Pablo,   realizada por Lula da Silva y Fidel Castro, en 1990, a todas las organizaciones, partidos o movimientos de izquierda en América. El Foro se propuso una revisión estratégica de la revolución izquierdista, renovar el pensamiento de esa corriente, y afirmar su oposición al capitalismo y al neoliberalismo, confirmando al socialismo como alternativa necesaria y emergente, frente a la caída del muro de Berlín y su efecto en Europa.

El mensaje claro de los convocantes fue poner fin a la lucha armada y acceder al poder a través del sistema democrático. Las razones eran claras: la fuerza propia no era suficiente y sin una transformación cultural, la toma del poder por las armas, aunque fuera posible, sería improductiva. Porque, según Gramsci, sin una hegemonía cultural, la revolución no puede tener éxito.

El encuentro de San Pablo ha sido visualizado como la consolidación de las fuerzas de izquierda.

Otra lectura es posible, sin embargo.  Con la recomendación del Foro de San Pablo,    muchos partidos considerados de izquierda, han llegado al poder a través de las urnas y elecciones populares y cesó la lucha armada.

Pero su comportamiento no ha sido uniforme. Algunos, como Chile, Brasil, Uruguay o Perú, se han mostrado más proclives al respeto de las instituciones vigentes, a la separación de los poderes, y especialmente, acerca de la independencia del poder judicial y el mantenimiento de la libertad de expresión.

Como consideración adicional, estas presuntas “izquierdas” flexibilizaron sus concepciones económicas, y se aproximaron a conceptos afines a una economía de mercado, en cuanto al tratamiento del capital extranjero, las inversiones, la apertura de la economía y sus relaciones comerciales internacionales.  Su política internacional tampoco siguió los lineamientos de la izquierda tradicional,  que mostraba su clásico sentimiento anti-americano.

Otro grupo de “izquierdas”, por el contrario, se apartaron de los principios del constitucionalismo liberal y modificaron sus constituciones, apuntando principalmente a abrir la posibilidad de la reelección.

Se nos presentan así, dos hipotéticas “izquierdas” sin afinidad entre sí, en cuanto a los aspectos institucionales. Como ambas se proclaman “democracias” la distinción pasa,    necesariamente, por otras categorías, en las cuales, se pueda englobar también a los otros gobiernos que no son de izquierda.

La distinción más adecuada parece ser la que se relaciona con el respeto a las instituciones y a los valores de la libertad individual y a la forma de ejercicio del poder.

Ello nos lleva, otra vez, a plantearnos el concepto de democracia, para lo cual parece adecuado diferenciar dos niveles de análisis: lo institucional y lo político, distinción que habilita una nueva forma de considerar el concepto.

Las instituciones están conformadas por aquellos puntos en que la sociedad ha llegado a un acuerdo, a partir de los cual se construye lo político y la sociedad puede avanzar. Sin acuerdo sobre esos temas, la sociedad se encuentra en una disputa permanente,   estancada.  Las instituciones se interpretan como acuerdos; lo político, como disputa a partir de eso acuerdos.

Precisamente la Constitución es la que recoge esas instituciones consentidas por todos. A partir de ese acuerdo, se habilita la disputa política.

Como se ha dicho, con un esquema de este tipo, ya no es válida la distinción de izquierda y derecha. Una mejor categoría de análisis es considerar a los gobiernos como democráticos o autoritarios.

Esta diferencia, que podría considerarse meramente doctrinaria, se encuentra recogida en la Carta Democrática Interamericana, sancionada por la Organización de Estados Americanos, el 11 de septiembre del 2001. Suscripta por unanimidad por los Estados miembros,  adquiere carácter de convenio entre los signatarios y se vuelve un compromiso jurídico.

Entre los elementos que la Carta considera esenciales y fundamentales de la democracia representativa se incluyen, entre otros, el respeto a los derechos humanos y las libertades fundamentales, la celebración de elecciones periódicas, libres, justas y basadas en el sufragio universal y secreto; la separación e independencia de los poderes públicos

y la libertad de expresión y de prensa.

“El socialismo del siglo XXI” desafía estos conceptos y desconoce las bases del sistema institucional que se reflejan en estos valores. Este movimiento se conforma por un conjunto de países, integrado por Venezuela, Ecuador, Bolivia y Nicaragua y con el cual, el anterior gobierno de Argentina fue manifiestamente solidario. Así, la confrontación no sólo se dio en los hechos, sino que también se traslada a lo conceptual.

El chavismo es un clásico movimiento populista, término usado no con sentido peyorativo, sino con el sentido en que lo definen sus pensadores, como Ernesto Laclau, o como Loris Zanatta.  Sostiene como base, la confrontación como método y la necesidad de creación de un enemigo, sea externo o interno.

La importancia de Laclau es fundamental porque cree en las bondades del populismo,    como uno de los enemigos de los medios dominantes.

El ideario de Chávez evoluciona desde su deseo inicial de reformar al capitalismo y lograr un capitalismo “mejor”.

Pero ya en el año 2005, declaró su disgusto y ruptura con el capitalismo y su intención de dirigir a Venezuela hacia el socialismo, “revivir el poder popular y trascender al capitalismo”, según sus propias palabras

Sostenía que ni las condiciones sociales ni la conciencia popular estaban preparadas para un cambio radical, cambio que debía ser construido día a día. Como asume que el capitalismo no puede ser reformado, adoptó un proyecto histórico que parte de la construcción de un nuevo marco o concepción de las relaciones sociales.

En este proceso de radicalización de cambios económicos, Chávez elabora su proyecto político, siguiendo a Meszaros, para quien todo es factible de construcción social. Así, su proyecto popular  busca que las masas escojan una dirección contraria a la vigente, con valores distintos.

La base de ese proyecto intenta identificar al socialismo con la democracia,  en una maniobra conceptual que tiende a lograr el apoyo popular: el socialismo del siglo XXI alega ser  una democracia participativa, donde el pueblo en conjunto es protagónico.

América es percibida por el chavismo como sometida a un proceso de  balcanización al cual no son ajenos los EEUU, y hacia los cuales existe un sentimiento generalizado de desconfianza.

Volviendo al concepto de la Patria Grande de Bolívar, Chávez es  inducido inevitablemente a intervenir en los procesos políticos de los otros países de la región,    a través de la Alternativa Bolivariana para las Américas. El ALBA se transformó así en el brazo político de su socialismo, para llevar al chavismo al escenario mundial.

No es raro que un movimiento como éste prendiera en América hispana. El populismo, el nacionalismo y las corrientes de la izquierda antiimperialista tienen hondas raíces en nuestra historia política y permanecen vigentes,  política y culturalmente.

Las características del “populismo” no terminan de precisarse.    Aunque existe en todas partes, en la América hispana, el populismo presenta características propias:

  1. En primer lugar, el populismo en Hispano América es carismático; es decir, responde a la figura de un líder que concentra la adhesión popular, y a quien el pueblo mediante elecciones le delega el ejercicio del poder. Bajo esas condiciones,    desaparecen las estructuras e instituciones auténticamente democráticas y el líder ejerce una especie de democracia delegaría, sin ataduras y con poderes excepcionales. Es por eso que se muestra incapaz  de crear figuras alternativas al líder.
  2. Tal como propone Laclau, el populismo necesita construir “un enemigo” para consolidarse como mayoría. Esa mayoría es conformada, muchas veces, como la suma de un conjunto de minorías insatisfechas, que para transformarse como tal, necesitan la confrontación contra un opositor real o creado, tanto en el orden interno como en el orden internacional.
  3. Los populismos hispanoamericanos son “fundacionales”. Es decir, necesitan romper con el pasado y comenzar una nueva historia. La consecuencia lógica de esto es que vienen para quedarse y no están dispuestos a exponerse al riesgo de perder el poder, como expresamente lo manifiestan. “Nadie encara una revolución para entregar el poder a los 4 años” como explícitamente lo dijo Evo Morales. Necesitan, más bien, evadir la alternancia en el poder y ser reelectos indefinidamente. El primer paso de ese proceso es la reforma constitucional para eliminar esa traba y consagrar la reelección sin limitaciones.
  4. El populismo en Hispano América necesita un discurso legitimante, una narración popularizada, que excluya a la oposición. Este discurso, narración o relato no es sino una interpretación caprichosa de los hechos recientes como fuente de legitimidad.

El chavismo extendió su socialismo a otros países de América, etapa que proclamaba como imprescindible. Ecuador, Bolivia y Nicaragua adhirieron rápidamente. Argentina no integró el socialismo del siglo XXI, pero su afinidad ideológica fue evidente. Honduras y Paraguay sufrieron los impactos de su acción y Perú,  finalmente se alejó de la posibilidad de integrarse.

En el terreno fáctico, el populismo ha mostrado como caracteres propios la concentración del poder en manos del líder, la falta de independencia del Poder judicial,   el cercenamiento de la libertad de expresión y la falta de garantía del debido proceso.

Paralelamente, y como justificación institucional del populismo, se ha desarrollado una novedosa corriente doctrinaria, que rechaza las instituciones del constitucionalismo liberal, reivindica el principio mayoritario de la democracia y considera a esas instituciones como meros artilugios de las minorías para limitar y someter a las mayorías.

Es decir, la confrontación es más que política y se eleva al nivel institucional: ya no existen instituciones comunes en las que estemos de acuerdo.

La fuente de este aporte doctrinario está basada en el Centro de Estudios Políticos y Sociales, de la Universidad de Valencia.

Sus miembros desarrollan una activa labor académica en Cuba, han asesorado e influido en la nueva Constitución de Venezuela, y  han sido, prácticamente, los autores de las de Ecuador y Bolivia. Su cuerpo doctrinario conforma lo que ellos denominan el “Nuevo Constitucionalismo Latinoamericano”, que reivindica la revolución permanente, y proclama la imposibilidad de sujeción de la voluntad popular a la constitución, la cual no puede ser un obstáculo a la revolución.

Tal como se preveía y era inevitable, la ola expansiva del populismo en América  ha comenzado su proceso de reversión.

A pesar de las dificultades económicas, las perspectivas institucionales de la región parecen alentadoras. Los gobiernos autoproclamados socialistas del siglo XXI y sus simpatizantes no han logrado la ruptura radical pretendida,  que apuntaba a una globalización alternativa y diferente.

El chavismo se encuentra, así en vía de extinción.

Venezuela enfrenta problemas muy serios económicos y políticos. A partir de la muerte de Hugo Chávez, la derrota legislativa del gobierno de Nicolás Maduro fue claramente un paso decisivo en la recuperación de la democracia. La oposición política ha logrado una amplia mayoría en el Congreso y las firmas más que suficientes para iniciar un proceso de revocatoria del mandato del presidente.

El rechazo a la reforma constitucional en Bolivia que permitiría la reelección indefinida de Evo Morales y la declaración de Rafael Correa de no aspirar a un nuevo mandato en Ecuador, han sido pasos que deben agregarse a las señales de cambio del ciclo en la América de habla hispana.

Argentina, si bien no incorporada al “socialismo del siglo XXI”, tuvo a un gobierno manifiestamente adherido a esa ideología. Es por eso que el reciente proceso electoral,    es la mejor y más nueva de las buenas noticias. No sólo para ese país, sino porque seguramente ese cambio repercutirá en el giro hacia la democracia de la región.

La ola bolivariana ha mostrado su inviabilidad. El apoyo general a la democracia en la  región es lo que ha permitido la supervivencia del sistema republicano.

Sin embargo, y frente a la realidad de la América hispana, la pregunta es cómo encarar este malestar de la democracia, ya que su futuro depende de lo que hagamos para resolverlo. Parte importante de esta gestión debería incluir las respuestas a las críticas que se han formulado sobre la democracia.

Toni Judt se preguntaba qué estamos haciendo para defenderla. Proponía que, en lugar de promoverla abiertamente, sería más eficaz identificar sus fallas, inventariar las cosas que no funcionan bien, reconocerlas y abocarse a solucionarlas. Hay que tener valentía para defender las ideas propias, pero más todavía para ponerlas en entredicho

Las alternativas serias a la democracia como sistema de gobierno, sólo son presentadas hoy por la teocracia de los países árabes y por el sistema chino, que no acepta la soberanía popular como base del gobierno, sino que cree en el partido como fundamento del poder político. Sus críticas a la democracia constituyen una crítica externa,    provenientes de una fuente que se declara no democrática.

En particular, esas críticas apuntan a sostener que el hecho de que sea el partido el que gobierna, y no el pueblo, crea un sistema  muy superior a la democracia, que padece de dos problemas insolubles.

En primer lugar, la democracia no garantiza el acceso de los mejores al poder. El sistema de elección popular facilita la llegada al gobierno de políticos sin experiencia probada en el manejo de la cosa pública.

Como consecuencia, y este es el segundo gran problema, el sistema de elección popular se desarrolla sobre campañas políticas electorales,  donde no se discuten los verdaderos problemas, sino que están referidas solamente a lo que los votantes quieren escuchar, lo que invalida al sistema

La dependencia de los candidatos con relación a su electorado privilegia así el engaño y el corto plazo, en desmedro de proyectos de largo alcance.

El sistema chino, una meritocracia,   por el contrario, es la garantía de que solo podrán acceder al poder aquellos que estén bien preparados,  los que puedan mostrar un cursus honorum,  que se han formado  paulatinamente, y ascienden por mérito propio, desde los cargos inferiores hasta llegar a los de más alto rango.

El sistema chino también tiene sus propios problemas,  tan complejos como lo que les reprocha a la democracia.  Pero sus críticas son útiles a la hora de elaborar una agenda propia, con relación a las falencias del sistema.

Existe además una crítica que proviene de una concepción diferente de la democracia,    que objeta ciertas instituciones de la democracia liberal y que se originan en una visión diferente de la realidad.

El surgimiento de esta corriente en Hispano América que también se considera democracia, pero no comparte los fundamentos de la democracia liberal, ha puesto en evidencia una crítica que podría considerarse interna al sistema democrático que se fundamenta en la soberanía popular.

Si bien la confrontación interna a la democracia aparece como la más inmediata, el desafío chino, parece ser la más decisiva, ya que –aunque apunta al largo plazo- constituye un reto más serio a la democracia. Los intelectuales chinos y sus reconocidos “think tanks” reniegan de los valores sobre los que se asienta la democracia de Occidente y promueven cambios estructurales sobre los cuales asentar la convivencia política, sobre la base del cambio profundo de valores culturales. Algo parecido a lo propuesto por el filósofo español, Javier Gomá Lanzón, en su “Ejemplaridades públicas”

Un diagnóstico sobre el estado de la democracia en la región debe partir aceptando la existencia de una grave situación de desigualdad económica y social, con grandes sectores marginados y excluidos de la vida comunitaria.  Un nivel de desigualdad incompatible con una sociedad moderna y democrática.

Para el populismo, las instituciones liberales no son aptas para resolver el problema.

El populismo argumenta que los sectores excluidos no están en condiciones de ejercer plenamente su libertad o autonomía, por falta de los recursos necesarios y, en consecuencia, el sistema no es justo.

Las instituciones del constitucionalismo liberal no son un instrumento adecuado para resolver este problema, afirman. Al contrario, son instituciones que, al limitar a las mayorías, consolidan los privilegios de la minoría. Por eso, afirman, un poder judicial como custodio de esa constitución tiende a cercenar los derechos de esa mayoría excluida. Para agravar más esa circunstancia, los jueces no tienen independencia de otros factores de poder reales,  como los agentes económicos. El sistema alcanza así solo a las clases acomodadas, ya que los pobres no tienen el mismo acceso a esa justicia.

Esta situación pone de manifiesto la malsana relación entre el poder y la riqueza económica, la cual está protegiendo el sistema de democracia representativa de  su carácter contra-mayoritario. La democracia depende excesivamente de la capacidad económica y de los sectores empresarios.

Una muestra de la peligrosidad de un sistema como ese, dicen, es la concentración malsana de los medios de comunicación, otro factor distorsionante de la democracia.

La única solución posible a esta problemática- alegan- es la existencia de un Estado fuerte, que haga suyos los reclamos de la mayoría y  facilite el acceso de todos al ejercicio pleno de la ciudadanía, sin que las instituciones artificialmente creadas por la concepción liberal, pueda condicionarlo.

La concentración de poder, es entonces imprescindible para la reforma socioeconómica necesaria y especialmente para combatir al capitalismo, a quien el populismo odia.

Refiriéndose a Hispano América, Enrique Krauze piensa que la democracia ha recorrido un camino suficientemente largo como para poder negarse a firmar su propia acta de defunción y que, si bien sus caídas han sido continuas y dolorosas,  han estado lejos de ser definitivas.

La circunstancia actual parece ser una de esas situaciones.  Su actualidad abre un gran campo de posibilidades para la discusión de la democracia, ya que  la ciudadanía manifiesta que quiere más democracia y no menos.

Esta aceptación general de la democracia como concepto muestra, como contrapartida,    el bajo nivel de la calidad de las instituciones y, lo que es más grave, la falta de compromiso personal con el sistema y la ausencia de confianza en los elementos propios que el sistema requiere, como los partidos políticos, los órganos de justicia y los medios de comunicación. La desigualdad social, principal motor de las reivindicaciones populares, es siempre una amenaza latente a la continuidad institucional.

El gran peso de la experiencia negativa de una historia tumultuosa, producto de una falta de confianza y de resultados exitosos es otra grave dificultad para el análisis objetivo.

Un factor esencial será aprender las lecciones de este ciclo autoritario,  que ha reflejado los problemas que tiene la región.  Este ciclo no hubiera sido viable, si no hubiéramos cometido errores, tanto en los hechos como en la apreciación de la realidad de  la América hispana.

Los fracasos acumulados son significativos y no pueden atribuirse a un único gobierno,    a un solo grupo o a un partido político determinado. El surgimiento del populismo lleva a preguntarse por las causas que lo originaron y por las fallas previas.

Está claro que no será posible emprender la re-significación de la democracia sin ser acompañados por quienes tienen una visión diferente lo que se extiende a sectores muy amplios de la ciudadanía. Sin ellos no habrá reconciliación o acuerdo posible.

El relato propio del populismo sumado a la concepción de la política como una confrontación amigo-enemigo, ha producido una separación importante en la sociedad,    en la que se abrió una enorme grieta. Hay quienes están dispuestos a llevar sus argumentos más allá de toda razonabilidad y también quienes se le oponen con igual intensidad. Pero afortunadamente, mucha gente está entre ambos y dispuesta a escuchar.    Un primer paso será rechazar las versiones simplistas y extremas que han alimentado el enfrentamiento: una cosa son las reales discrepancias producto propio de un conflicto real y otra,  la exacerbación de las diferencias.

La oportunidad parece propicia para el diálogo y el debate en la América de habla hispana,  después del freno que se le opuso al autoritarismo. La cuestión es ir al fondo del problema: discutir las falencias de la democracia y fortalecer su ejercicio.

Afortunadamente, la contienda reciente entre la democracia y el populismo se está resolviendo por una vía que es válida para ambas partes: las elecciones populares, que constituyen una base que es común a las dos y no por golpes de estado o enfrentamiento armado, como fue en el pasado.

Este hecho abre un camino para el diálogo que puede ser alentador.

Sin embargo, hay una gran distancia entre identificar el problema y hacer algo al respecto. Un consenso en el diagnóstico no necesariamente produce un consenso en las soluciones ni sobre la pericia necesaria para llevarlos a cabo, pero es un terreno útil para la discusión y habrá que evitar que se planteen escenarios de imposible realización.    Pensar cambios viables e ideológicamente neutros.

Para la búsqueda de consenso, habrá que partir de la premisa de que el diálogo presupone estar dispuesto a hacer concesiones: la política deja de existir cuando se la concibe con la lógica de un ejército en guerra.

Será necesario reconocer y considerar  los argumentos de los otros, y estar dispuesto a concederles validez en el debate, para repensar los fundamentos institucionales,   mejorando la calidad de las decisiones y edificar una infraestructura fuerte y efectiva,    mejorando la gobernabilidad democrática.

No tenemos muchas certezas sobre el mundo que viene. La percepción no siempre se corresponde con la realidad y seguramente,  el mundo ya no será como solíamos soñarlo

Para imaginar un camino, debiéramos asumir que la contraposición de bloques debiera quedar atrás. Pensamos distinto, pero debemos construir un futuro común, diluyendo el fuerte antagonismo entre unos y otros. Dicotomías como capitalismo y socialismo;    comunismo y anticomunismo; izquierda y derecha ya no sirven como categorías para descifrar el mundo complicado que deriva de la unificación de la economía, producto de la globalización en curso.

Como dice Giuseppe Vacca, desde el marxismo: “la fuerza de los hechos se abre camino a paso ligero  pero el proceso de reconstrucción de las categorías con que son pensados es mucho más lento.

El desarrollo del conocimiento en las últimas décadas, y su aceleración exponencial  hace imposible contar con estudios que contemplen todas las variables para comprender el mundo que viene, tal como lo percibíamos. Ni siquiera está claro cómo preparar a las generaciones futuras, cuyo capital más importante será su versatilidad y capacidad de improvisar.

Siempre se pueden encontrar razones para odiar al capitalismo, pero también ha llegado el momento de reconocer su aporte en la creación de riqueza, y haber llevado al mundo, en algo más de dos siglos, a una situación donde la mayoría ya ha escapado del cepo de la pobreza y que ofrece al mundo una alternativa única para su desarrollo.

Mientras los países desarrollados ponen su energía en crear tecnologías que les permitan vivir mejor, Hispano- América está empantanada en discusiones acerca de un pasado,   imaginado o real, que no ayuda a construir. Hay que asumir el desafío de crear, de descubrir, olvidarnos de los relatos y discutir ideas.

Si esta tesis es aceptable, debiéramos otorgarle más crédito y valor a otros grupos con otras ideas y aceptar las debilidades de las propias. Sería un buen inicio para discutir las falencias de nuestra democracia. Es posible también que le estemos exigiendo al sistema democrático demasiadas cosas y que debiéramos ser más tolerantes con sus debilidades.

Tal vez,  la mejor manera de abrir el diálogo, sea a través del mundo académico. Ya Max Weber había constatado la diferencia entre los académicos y los políticos, distinguiendo entre la ética de la responsabilidad (que guía a los políticos y que los hace responsables por las consecuencias que se originan en sus hechos y sus palabras, y la ética de la verdad de los intelectuales, que los libera de esa carga.

También el horizonte temporal es diferente para ambos: mientras los académicos pueden pensar y trabajar sobre plazos más largos, la metodología de la política prioriza los resultados a corto plazo.

En el mundo académico se valora más el disenso que en el mundo político, porque tiene un gran valor epistemológico, como sostenía Habermas, que presentaba a la democracia como un diálogo permanente que pone el acento en la discusión, en la forma en que se produce y en sus reglas y requerimientos mínimos.

En la discusión, los académicos tienen una tendencia más acentuada hacia la objetividad,    si consideramos a la objetividad como la capacidad de ver la situación desde posiciones diferentes, sin que ello involucre a la neutralidad: se puede ser objetivo sin ser neutral.

Como se ha dicho, hace más de  200 años, un grupo de hombres dio cabida al experimento político más importante y exitoso de la historia, creando un régimen que aún se mantiene con vitalidad. Un régimen que permite, desde su creación, convivir a visiones diferentes.

Quizás más que volver a John Adams o Thomas Jefferson, se trata de encontrar nuevos Adams y Jeffersons, que puedan comprender la realidad actual y la interpreten. Que descubran qué preguntas vale la pena hacerse y adoptar nuevos modos de responderla.