Desmantelamiento institucional: el plan de impunidad y gobierno absoluto.

Resulta asimismo evidente que es Cristina Fernández de Kirchner quien ejerce el poder, cuando se advierte a una Argentina que nuevamente se aleja de los países más desarrollados del mundo, para alinearse con países como Cuba, donde su hija recibió refugio ante el peligro de ser convocada por la Justicia argentina y porque no gozaba de la inmunidad que sí tenían su hermano y su madre; o como Bolivia, dando refugio al narco dictador Evo Morales; o Venezuela, apoyando las fraudulenta elecciones para perpetrar a Nicolás Maduro.
Por: María Eugenia Talerico.

Bajo la excusa del cuidado de nuestra salud, el Gobierno nacional impuso a los argentinos una brutal restricción de libertades básicas, tales como trabajar, ejercer el comercio y la industria, circular, reunirse y educarse, que provocaron alarmantes cifras de pobreza e indigencia, tal como lo expuso en su informe el Observatorio Social de la Universidad Católica Argentina.

Mientras se empobrece a la población, se verificaron hechos de gravísima entidad en todo el territorio nacional que se cobraron incluso vidas de ciudadanos argentinos como consecuencia de ejercer de modo violento el control social, lo que provocó la denuncia por parte de varias ONG ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

Durante todo ese tiempo, Cristina Fernández de Kirchner aceleró su plan para lograr el desmantelamiento institucional de varios pilares del Estado y lograr su impunidad, la de su familia y la de varios allegados, muchos de ellos, hoy, altos funcionarios del Gobierno. Se verifican iniciativas claras de persecución de jueces, fiscales, ataques a la Corte Suprema, al Procurador General de la Nación, reformas judiciales tramposas, toma de organismos de control y actividad política direccionada con ese fin. Esto se materializa desde comisiones del Senado, que Fernández de Kirchner controla con el objetivo de entrometerse de modo indebido y someter al Poder Judicial y el Ministerio Público Fiscal.

A esta altura, el control del Gobierno por parte de Cristina Fernández de Kirchner resulta un hecho indiscutible, y basta para ello relevar quiénes detentan cargos estratégicos en distintos estamentos del Estado, incluyendo empresas insignias que serán seguramente saqueadas para dar sostén al proyecto de gobierno absoluto y autoritario.

También forman parte de su ADN las acciones de confrontación permanente con sectores productivos de nuestro país, como el agropecuario o el fogoneo de expropiaciones o usurpaciones ilegítimas agigantando la grieta entre ricos y pobres. Mientras tanto, Cristina Fernández de Kirchner se garantiza, más allá de su sueldo, dos pensiones extraordinarias por los cargos que ocupó en el pasado gobierno y mantiene señalamientos por hechos de corrupción por varios millones de dólares.

Resulta asimismo evidente que es Cristina Fernández de Kirchner quien ejerce el poder, cuando se advierte a una Argentina que nuevamente se aleja de los países más desarrollados del mundo, para alinearse con países como Cuba, donde su hija recibió refugio ante el peligro de ser convocada por la Justicia argentina y porque no gozaba de la inmunidad que sí tenían su hermano y su madre; o como Bolivia, dando refugio al narco dictador Evo Morales; o Venezuela, apoyando las fraudulenta elecciones para perpetrar a Nicolás Maduro.

Este destino anhelado por Fernández de Kirchner conlleva una degradación cada vez mayor del Estado de Derecho, pre anuncia una tergiversación del sistema electoral para ganar con fraude las elecciones y pueblos empobrecidos que dependerán cada vez más de los beneficios que reciben del Estado. Estos gobiernos jamás nos ofrecerán mejor educación para nuestros hijos porque con ciudadanos más calificados perderían el poder. También se observa en esos regímenes altísimos índices de corrupción y desprecio por el desarrollo sustentable y genuino, lo que acarrea el avance de amenazas muy graves como las que azotan a América Latina, como es el narcotráfico, incrementándose de modo directo la inseguridad ciudadana que ese flagelo trae aparejado.

La estrategia de controlar a los organismos que componen el sistema de Justicia resulta vital para ostentar el poder de modo perpetuo y de modo hegemónico. Con un Poder Judicial y fiscales que no sean independientes ni autónomos y se encuentren ideologizados, no solo podrían perpetuarse en el poder convalidando fraudes electorales, otorgándose impunidad y persiguiendo a opositores, sino que pueden anular los derechos y garantías de todos los ciudadanos argentinos.

La propiedad privada, el libre comercio e industria, la libertad de prensa, todo quedará a merced del Gobierno con la anuencia de un Poder Judicial dócil y fiscales asustados. Es crucial que los argentinos tomemos conciencia más temprano que tarde de la situación en la que nos encontramos y el daño enorme que bajo relatos épicos y mentirosos pueden provocar este tipo de gobiernos a nuestro desarrollo como personas, como sociedad, y como país.

Publicado en infobae.com jueves 18 de febrero del 2021.

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