Defendamos la institucionalidad democrática

José Antonio Torres Iriarte

La democracia peruana debe afirmarse en la separación de poderes, en el ejercicio de la libertad de expresión y en la existencia de organismos electorales que garanticen re- sultados electorales absolutamente confia- bles y certeros. El Congreso de la República debe ejercer su tarea de control político y evitar que el poder Ejecutivo pretenda asu- mir competencias que son exclusivas y ex- cluyentes de la representación nacional. Cuando el 30 de Setiembre del 2019, el presi- dente del Consejo de Ministros de ese enton- ces ingresara en el Hemiciclo del Congreso, interrumpiendo la elección de los magistra- dos del Tribunal Constitucional, se puso de manifiesto las formas antidemocráticas del señor Salvador Del Solar y la maniobra polí- tica del gobierno de Martín Vizcarra, que te- nía como objetivo impedir la renovación del T.C., luego que seis de sus siete magistrados se encontraban con mandato vencido. Ese día, después de la acción actoral del señor Del Solar, el Congreso de la República fue disuelto inconstitucionalmente, so pretexto de que se le había negado fácticamente la confianza al Gabinete. El golpe perpetrado en Setiembre del 2019 por Martín Vizcarra, posteriormente sería convalidado por 4 ma- gistrados del T.C., demostrando que más allá del razonamiento jurídico, primaba en sus argumentos la consigna política.

La reciente promulgación por el Congreso, de la ley de desarrollo constitucional que pre- cisa los alcances de los artículos 132 (se- gundo párrafo) y el artículo 133 de la Cons- titución; demuestra la clara voluntad política de una amplia mayoría de congresistas, en defender los fueros parlamentarios ante un gobierno que, a pocas horas de realizarse la sesión plenaria, (el último martes) trató de impedir el debate del dictamen de insistencia aprobado por la Comisión de Constitución. El gobierno presentó una iniciativa de refor- ma constitucional, que más allá de todo, pre- tendía impedir que el Congreso restablezca el equilibrio de poderes que fue vulnerado por el gobierno de Vizcarra y por los cuatro magistrados (Ledesma, Ramos Núñez, Es- pinoza Saldaña y Miranda) cuando desarro- llaron el concepto de “denegación fáctica” de la confianza.

Puedo asegurar que Pedro Castillo no es un demócrata, ni es un estadista, que se ha propuesto reactivar la economía, alentar la inversión y el crecimiento económico, para reducir la pobreza; por el contrario, sus habili- dades como organizador y agitador se ponen
de manifiesto en el ejercicio del poder. El sombrío gabine- te Bellido, demos- tró cómo al gobier- no le interesa más la toma del poder, que la administra- ción del Estado y la implementación de políticas públicas sectoriales.

El gobierno carece de mayoría en el Congreso y de ma- nera reiterada está demostrando que le es imposible for- mar una coalición parlamentaria só- lida; siendo insufi- ciente el respaldo de la bancada de Juntos por el Perú. El partido de go- bierno es marxista leninista y más allá de los matices, tie- ne un proyecto po-
lítico de largo plazo, que puede ubicarse u oscilar entre el castrochavismo de un lado y la influencia de Evo Morales por otra; por ello en sus primeros meses de gobierno res- tablece relaciones diplomáticas con la dicta- dura de Nicolás Maduro, virtualmente liquida el “Grupo de Lima”, afianza sus lazos con el gobierno de Bolivia y acepta que Evo Mora- les, se convierta en un asesor “en la sombra” y protagonista de la política nacional.

América Latina y el Perú en especial, están afectados por los efectos de la crisis sanita- ria, la caída del empleo y el aumento de la pobreza; lo que exige realistamente que me- joremos nuestra inserción en la economía internacional. Pedro Castillo no cedió en sus objetivos, cuando designó como presidenta del Consejo de Ministros a la ex presidenta del Congreso Mirtha Vásquez; por el contra- rio ha logrado hacer una pausa, ganar tiem- po y mantener presencia política en el sector Educación con el ministro Gallardo, contro- lar un ministerio estratégico como el Minis- terio dell Interior con el ex oficial de la P.N.P. Barranzuela y conservar en el Ministerio de Defensa al cuestionado Walter Ayala.

A ello se suma que el Embajador Maurtua de Romaña, como ministro de Relaciones Ex- teriores está evidenciando que es un cola- borador incondicional del gobierno, que no tiene reparo en justificar la propuesta como Embajador en Venezuela, del señor Richard Rojas, incurso en investigaciones a cargo del Ministerio Público y sobre el que el Poder Judicial ha dictado 6 meses de impedimento de salida del país. El Canciller Maurtua de- bió renunciar por decoro, pero es claro que se siente cómodo en un gobierno signado por las formas poco democráticas y una vi- sión política autoritaria.

El gabinete que preside Mirtha Vásquez expresa una aparente moderación sólo en las formas, siendo claro que la militante del Frente Amplio, es una confesa ambientalis- ta y antiminera, que se opuso a la vacan- cia de Martín Vizcarra, que como Presiden- ta del Congreso obstaculizó la elección de los magistrados del Tribunal Constitucional, colaboró estrechamente con el gobierno del señor Sagasti y trató de impedir que se avance en las investigaciones sobre el lla- mado “vacunagate”.

No creo en la vocación democrática de Mirtha Vásquez, que en su momento no tuvo repa- ro en oponerse a proyectos mineros, que de haberse desarrollado oportunamente hubie- ran tenido un efecto dinamizador en la eco- nomía nacional. La Premier Vásquez, más allá de cualquier matiz, no ha dudado en su- marse a un proyecto político autoritario. La izquierda comunista en nuestro país, desde el ortodoxo Partido Comunista pro soviético del siglo pasado, ha tenido diversas identi- dades políticas; siendo en la actual coyun- tura esencial que las fuerzas democráticas con presencia o no en el Congreso Nacional defiendan la libertad frente a la amenaza to- talitaria, que se cierne sobre el Perú.

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